La semana próxima tendrán lugar las audiencias públicas donde se definirá la implementación de aumentos en las tarifas de gas y electricidad. Desde el Gobierno apuestan por dejar atrás las internas y así poder avanzar con los cambios, especialmente con la segmentación de los subsidios según niveles de ingreso.

A pesar de que la metodología de segmentación —a través de la cual se quitarán subsidios al 10% de los usuarios de más poder adquisitivo— tuvo críticas internas y aparece como de compleja implementación, fuentes oficiales aseguran que es “aplicable” en la práctica y que se comenzará a usar a partir de junio, aunque los ajustes pueden demorar algunos meses.

En las audiencias se presentará una propuesta elaborada por la Secretaría de Planeamiento Energético, que encabeza Santiago López Osornio, y que al esquema de segmentación por zonas geográficas presentado por el ENRE sumó criterios relacionados con la capacidad de pago de los usuarios.

La propuesta es que comiencen a pagar la tarifa plena los titulares con ingresos equivalentes a 3,5 canastas básicas totales (son unos $313.915 con los datos de marzo), tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios embarcaciones o aeronaves.

Se considerarán los ingresos solo de la persona que figura como titular del servicio y no se sumarán los de otros miembros del grupo familiar, aunque vivan en el mismo domicilio. “El Sintys es una base de datos que usa el Estado y que tiene mucho potencial, ya que cumple con los requisitos del secreto fiscal. Para el tema de vehículos se usarán los datos del Registro Automotor”, señalaron las fuentes. Y descartaron cualquier chance de que se puedan usar los datos del próximo censo.

En el extremo opuesto, se tomarán datos del Renabap, registro de barrios populares, para determinar usuarios que deban mantener los subsidios. A este grupo le corresponde un aumento de 20,5% en todo el año, ya que el tope es el 40% de la evolución de los salarios del año anterior (índice CVS), que fue de 53,4%. Por eso en junio no tendrán nuevos aumentos en electricidad y de 6% en gas.

El segmento medio, entre los de más altos y más bajos ingresos, tendrá aumentos del 80% con respecto al CVS. Se estima que el ajuste promedio a partir de junio se ubicará en 21,5% en gas y 17% en electricidad.

Una de las críticas es que al utilizar datos como los ingresos de cada titular, el Gobierno estaría incumpliendo con normas como el secreto fiscal o bancario. Sin embargo, las fuentes señalaron que se utilizará información que no afecta esas normas y que provienen del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), que se nutre de información de Anses.

Una vez aprobada la propuesta en las audiencias, la implementación estará a cargo de la Secretaría de Energía y los entes reguladores (Enargas a nivel nacional y ENRE en la zona del AMBA). Las fuentes descartaron que pueda haber diferencias de criterios entre las distintas áreas del Estado sobre la implementación, que quedará en manos de la Secretaría de Energía que depende del Ministerio de Economía y que cuenta con “la capacidad y los recursos necesarios”, indicaron.

En el Gobierno consideran que el actual sistema de subsidios a la energía es “pro-ricos”, ya que otorga un subsidio a usuarios que no lo necesitan. Y aseguran que avanzar con la segmentación es una decisión política ya tomada. A diferencia de otros intentos de segmentación que se esbozaron en el pasado sin llegar a la llamada “sintonía fina”, decidieron sumar los criterios de capacidad de pago además de los geográficos. Además, consideraron que la división por zonas puede funcionar en el AMBA, donde es más clara y homogénea la diferencia entre barrios de altos y bajos ingresos, lo que no sucede en el resto del país.

“Entendemos que hay un margen para generar una mejora distributiva. Luego de los fuertes aumentos del Gobierno anterior y del congelamiento de los tarifas desde abril 2019 se trata de una recomposición”, es uno de los argumentos para empezar a avanzar con los cambios.

Con todo, reconocen que aunque la quita de subsidios va a afectar a un 10% de la población con altos ingresos, su implementación va a requerir de una campaña de comunicación que transmita la necesidad de no seguir beneficiando a los que pueden afrontar el gasto de la tarifa plena y que los aumentos se basan en principios de gradualidad y progresividad.

Como resultado del cruce de la información, se estimó que 921.778 titulares, en el caso de la energía eléctrica, y 760.600 titulares, en el caso del gas residencial, están dentro de los parámetros definidos para tener una reducción de los subsidios.

También son conscientes de que una segmentación de tarifas va a generar situaciones donde se excluyan o incluyan a personas cuando no corresponda. Una situación frecuente será la de los inquilinos. En ese caso, apuestan a una campaña para que cualquier usuario que considere injusto dejar de recibir el subsidio pueda reclamar en forma simple.“Los aumentos se reflejarán en la factura a bimestre vencido. En los próximos dos meses va a haber mucha comunicación sobre el tema”, aseguraron.