La disparada inflacionaria registrada en la primera mitad del año obligó a recalibrar las expectativas para todo el 2022, en algunos casos superando el 70%. La obra pública es uno de los sectores que más está sufriendo este contexto de fuertes aumentos, por la falta de una actualización de pago acorde a la realidad.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción delegación Rosario (CAMARCO) indicaron que las obras viales contratadas con la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe están sufriendo un importante deterioro en el precio contratado. Esto se produce porque la Metodología de Redeterminación de Precios no está contemplando los permanentes ajustes de insumos, fletes, materiales, mano de obra y equipos necesarios para los trabajos.

Uno de los factores que provoca este deterioro tiene que ver con que los índices no son representativos. “Si bien los precios de los ítems que componen las obras se deben redeterminar mediante la aplicación de los índices emitidos por diferentes organismos como el INDEC, la Dirección General de Variación de Costos de Santa Fe, entre otros, en el último tiempo ha ocurrido que los mismos no reflejan la real evolución de los costos de mercado”, indicaron desde CAMARCO.

Esto produce, inevitablemente, un desbalance entre los precios reconocidos y los precios reales que se acentuó en el transcurso del tiempo, afectando sobre todo las obras licitadas en el primer semestre de 2021. Además se establece que para redeterminar los precios la variación debe ser del 5% o tienen que haber transcurrir 90 días respecto al último ajuste. La redeterminación rige para el mes siguiente en el que se produjo la variación, lo que tiene gran incidencia en un contexto de subas mensuales superiores al 5%.

“Como consecuencia de las demoras existentes tanto en la publicación de los índices como en la emisión de los certificados de reajuste, existe un desfasaje que produce un sobrecosto financiero totalmente imprevisto e imposible de absorber por las empresas constructoras, sin un importante deterioro económico”, advirtieron desde CAMARCO. Es por eso que ante un contexto de alta inflación, reclamaron una mayor desagregación y frecuencia de aplicación de los índices para mantener la representatividad y la equidad.

Por ejemplo, una obra licitada en marzo del año 2021 por una suma de $1.000.000.000 se actualiza a un valor de $1.500.000.000 a abril del año 2022 mediante la aplicación de la actual Metodología de Redeterminación de Precios. Sin embargo la actualización real implica un precio de $2.000.000.000 para el mismo mes. “La diferencia supera el 33% y genera un fuerte déficit imposible de absorber por las empresas constructoras, ocasionado por la gran cantidad de capital de trabajo que se debe aportar y nunca recuperar”, apuntaron.

El valor del combustible mete presión

Uno de los elementos con fuerte incidencia en los precios es el gasoil, con el que históricamente ha habido problemas de abastecimiento en el país por la escasez de dólares. “En la estructura comercial, el precio del gasoil en las estaciones de servicio es inferior al mayorista, y cuando no hay en las primeras, comprar en los segundos implica una suba de costos importante”, apuntó el analista económico, Salvador Di Stefano. En el caso de las constructoras, se manejan precisamente con mayoristas.

Añadió que la mayor demanda de gasoil y la falta de una política clara en la materia lleva a que el escenario de mercado sea el de escasez de gasoil e incertidumbre respecto a su reposición. Consideró que una forma de solucionar el problema sería aumentar el precio del barril de petróleo del mercado interno al valor internacional, lo que conllevaría también una suba al canal minorista, pero esta posibilidad figura en la agenda del Gobierno.