Un grupo de empresas pyme, nucleado en el Movimiento Nacional Pyme (Monapyme) trabaja en la elaboración de un proyecto de ley que busca el desendeudamiento total de este tipo de empresas, reducción del costo laboral no salarial y cambios en el sistema de contratación.

La iniciativa pretende dejar de pensar al país “entre el Estado y las grandes empresas, y apostar por incluir una tercera pata integrada por las pymes, que generan el 42% del PBI”. De acuerdo a datos de la organización, a diciembre de 2019, el Estado generaba 3,6 millones de puestos de trabajo, las grandes empresas 3 millones y las pymes otros 3 millones, pero a lo que se les deben sumar 4 millones del empleo informal que podrían sumarse al sistema.

De acuerdo a Alejandro Bestani, titular de la empresa Inca e integrante de Monapyme, “el 95% de los problemas que tenemos son los mismos, el endeudamiento que nos quedó de estos cuatro años de tasas altísimas y una presión tributaria bestial, la falta de financiamiento a tasas razonables, equilibro en la carga impositiva y laboral, y la resolución de la problemática de los despidos”, dijo a Ámbito.

De allí que el proyecto de la “Ley Federal de Fomento Pyme” apunta a la creación de la Agencia Nacional y Federal Pyme, con presencia federal y una conducción mixta entre el Estado y los representantes pymes. El segundo es el desendeudamiento financiero y fiscal de las pymes, que en total ronda los u$s8.000 millones, mediante una moratoria con una tasa máxima del 10% y una quita importante, considerando que la deuda total es de apenas el 2% del PBI. La propuesta es “destinar 5% del PBI al financiamiento global de las pymes, sea a través de los bancos oficiales y/u organismos financieros provinciales”. La idea es que esos créditos sean de 24 a 60 meses, con una tasa que no supere el 12%.

También se pide una reducción de la carga tributaria y tasas de servicios mediante una nueva legislación que, sin desfinanciar al Estado, comprenda la capacidad de pago real de las pequeñas empresas. Entre otras cosas, se menciona una “reducción del Impuesto a los Ingresos Brutos, al 1% en todas las jurisdicciones”.

Además, plantea reducir el costo laboral no salarial en un 50% en un plazo de cuatro años para el stock actual de empleados, estableciéndose costo 0% para los nuevos empleados que se generen. También propone la creación de un Fondo de Desempleo que otorgue agilidad en la desvinculación laboral, destinando un 5% de aportes; un “blanqueo laboral, que permita la correcta registración del empleo informal y exima a las empresas de reclamos anteriores”; y en el caso de los juicios laborales la fijación de topes indemnizatorios.

Finalmente el proyecto delinea un gran programa de compre nacional para la esfera pública, en donde se disponga “un 30% mínimo como participación de las mipymes en la compra pública, siempre y cuando las pymes la puedan proveer”.