La Administración General de Puertos (AGP) emitió un “dictamen de precalificación” sobre las empresas oferentes a ser los encargados de dragar la Vía Navegable Paraguay-Paraná, la ex Hidrovía que está bajo control del Estado desde julio del año pasado.

La llamada “licitación larga”, para la gestión futura y a largo plazo de la vía, adjudicará el contrato por el dragado, balizamiento, control hidrométrico y cobro del peaje de la vía por la que se traslada el 80% del volumen del comercio exterior argentino. Mientras tanto, ahora se define quién realizará el mantenimiento del canal por el término de 180 días corridos prorrogables y con un presupuesto oficial estimado de USD 80 millones.

Cuando la Hidrovía se estatizó se hizo una adjudicación directada al anterior concesionario, para que siga dragando el lecho del río por 90 días hábiles y se lanzó una licitación de la que participaron 4 empresas, con propuestas técnicas y económicas.

Ahora, el nuevo dictamen impugnó por irregularidades técnicas y económicas en la presentación a tres de las cuatro.

Se trata de la empresa del régimen chino CCCC Shanghai Dredging (SDC), que se presentó en unión transitoria con Dredging International y la local Servimagnus; la danesa Rhode Nielsen sucursal Argentina y EMEPA; y la holandesa Boskalis International con su filial local. Sigue en camino Compañía Sudamericana de Dragados (Jan de Nul, anterior operador).

En la mira

CCCC Shanghai Dredging es un gigante sancionado por Estados Unidos e incluido en una “lista negra” por parte del Departamento de Comercio de ese país por su papel en ayudar al régimen chino a militarizar puestos de avanzada en el Mar de China Meridional. 

La impugnación se basó en “Disponibilidad de Equipos” y “Competencia Técnica”. No cuenta con ellos para hacer el dragado ni con la idoneidad para ejecutar los complicados trabajos sobre el lecho del río.

A Boskalis se la señaló por errores en la descripción de su “Plan de Trabajos y Memoria Descriptiva”, “Listado de Personal”, “Curriculum Vitae de Profesionales y Técnicos”, “Disponibilidad de Equipos”, “Información Técnica sobre equipos” y “Competencia Técnica”. Además, se advirtió que su “grado de endeudamiento muy elevado”.

La ex Hidrovía cobra el peaje en los ríos por los que se traslada el 80% del volumen del comercio exterior argentino

En tanto, Rohde y Emepa, una empresa de Gabriel Romero, un empresario arrepentido en la causa de los cuadernos y que confesó haber pagado coimas, también fueron impugnadas por cuestiones técnicas y además se indicó que “han conformado una UTE (Unión Transitoria de Empresas) por la que no han presentado información contable consolidada”.

Según pudo saber Infobae, la oferta de Emepa no presentó las dragas de su socio danés, sino que mencionaron una promesa de contratos con la cuestionada empresa local Marítima Maruba, que a su vez conseguiría esos buques y maquinarias en el exterior.

Según destacó este medio hace casi tres años, Maruba fue tradicionalmente una típica empresa familiar manejada por dos socios y que llegó a tener una importante participación en el transporte del comercio exterior argentino.

Con el correr del tiempo y sin sus fundadores empuñando el timón, comenzó a decaer a punto tal que en 2012 tomó forma una idea de la Secretaría de Transporte de ese momento para que el SOMU, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos que condujo Omar “Caballo” Suárez, junto a otros gremios marítimos adquieran el 30% del capital social de Maruba.