El intendente Pablo Javkin definió en los últimos días cambios estructurales en la política de cobranza de deudas millonarias de todo tipo con el Estado municipal. Tal como lo adelantara esta columna a mediados de abril, el alcalde rosarino avanzó con el reclamo de pagos a grupos empresarios de históricos convenios urbanísticos, comenzará a exigir en los próximos días el aporte a las prepagas y obras sociales por los servicios prestados a ciudadanos con cobertura por el sistema de salud pública -que nunca se hacían-,  y a los clubes náuticos envió pedidos de información para que declaren las embarcaciones que tienen en sus guarderías, y así acelerar el cobro de patentes a las embarcaciones.

Convenios urbanísticos históricos

Javkin, más allá de las escasas opciones de financiamiento de obras públicas que le deja la falta de acuerdo entre el gobierno nacional con el FMI, tomó nota de lo que le dijeron los empresarios en la recorrida que hizo entre marzo y comienzos de abril su secretario de Economía en busca de financiamiento para obra pública, y aceleró las gestiones para el pago de fondos que los desarrolladores privados firmaron en los convenios urbanísticos como contraprestación a los beneficios recibidos en sus proyectos.

Algunos de ellos comenzaron a desembolsar esas erogaciones millonarias que hasta ahora, como no se les exigía el pago por parte del Estado municipal, no lo desembolsaban pese a que estaba rubricado hasta por el Concejo Municipal. Varios de los que tienen convenios urbanísticos autorizados tienen poco margen para estirar el pago de esas contraprestaciones, dado los acuerdos tienen varios años cumplidos. Parece haber un cambio en la dinámica en el área de Planeamiento.

La salud puede ser universal, pero no es gratis

Otros fondos millonarios que aspiran a comenzar a cobrar en la Municipalidad son a las obras sociales y prepagas por la atención médica recibida por sus afiliados en los centros de salud pública municipal.

Desde el Palacio de los Leones, Javkin definió cambios en la conducción del Centro Único de Facturación (CUF) a partir de esta semana, que tiene como objetivo modificar una cultura de no cobro de la prestación que realiza el Estado rosarino a personas con cobertura.

A diferencia de varios de los centros de salud del Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (Samco) de la región, que envían inmediatamente a la prestación del servicio la factura a prepagas y obras sociales, con la Municipalidad de Rosario se acostumbraron que sus afiliados sean atendidos "gratis" por un sistema de salud pública. Pero que se defina como política la "atención universal" no significa que sea "gratis": la Secretaría de Salud se lleva casi el 30% del presupuesto municipal.

Con la llegada de la pandemia se profundizó el abuso de algunas prestadoras que patean o burocratizan de tal manera la atención de sus adherentes que las personas asociadas deciden ir directamente a efectores públicos. En el Hospital Carrasco, por ejemplo, se realizan a diario tests por el Covid-19 a personas que, por tener cobertura, deberían atenderse en efectores privados. La decisión de la nueva gestión en el CUF es que esas boletas comiencen a llegar a las obras sociales y prepagas.  

Lanchas

Otra decisión política que tomó Javkin, y que avanzó en los últimos días la cartera económica municipal conducida por Diego Gómez, fue enviar pedidos de información a las guarderías náutica sobre las embarcaciones que tienen en sus predios. 

La pandemia por el Covid-19 disparó las ventas de embarcaciones a niveles récord en 2020 y en las playas que bordean el río Paraná muestran un salto significativo de la gente que navega y puebla las islas.

Sin embargo, y pese a tener el segundo parque náutico de la Argentina, menos de mil yates/lanchas/motos de agua paga la patente en Santa Fe, un tributo que deben abonar las embarcaciones con valuación superior a los 120 mil pesos. Esto representaría menos del 1% del parque náutico sólo de Rosario, que se estima tiene 90 mil unidades. 

A fines de 2017, los gobiernos de la provincia y del municipio de Rosario habían notificado a más de la mitad de las guarderías náuticas de Rosario, ya que no habían informaron sobre las embarcaciones propulsadas a motor y los nombres de sus titulares que operan en sus instalaciones. Pero con poca convicción. En ese entonces pagaban la patente el 10% del parque náutico, ese porcentaje se desplomó a menos del 1% en tres años.

La mora se evidencia a pesar de que hace siete años la Administración Provincial Impuestos (API) convirtió a las guarderías en agentes de información. El incumplimiento es pasible de multas. Pero los mayores interesados deberían ser los municipios porque perciben el 90% del impuesto. Ahora, con el cambio aprobado por la Legislatura provincial, los municipios tienen mayor poder de policía para buscar cobrar al parque náutico.

Desde el Ejecutivo local comenzaron a enviar cartas solicitando información a las guarderías náuticas que existen en la ciudad, hay más de 40. Muchas de ellas en 2017 se resistieron a enviar información al fisco local pese a ser agentes de información sobre los yates, veleros, motos de agua, lanchas y las personas asociadas a estas embarcaciones que tienen en sus registros.

Los últimos datos disponibles a los que tuvo acceso Ecos365 es que no llegaría a mil las lanchas que pagan la patente náutica en Santa Fe.

La Legislatura provincial aprobó en 2013 el impuesto a las embarcaciones, que estableció que el 90 por ciento de lo que se recauda por ese tributo va al municipio o comuna. Buenos Aires tomó en 2016 la delantera al poder acceder a la base de datos.