Durante 2019 Santa Fe volvió a liderar el ránking de litigiosidad laboral en el país, concentrando el 27% del total de casos a nivel nacional, de acuerdo a los registros de la Unión Argentina de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (Uart). Esta situación, que viene de larga data, se tradujo en una alícuota más alta para las empresas locales, que en algunos casos deben pagar el doble que el promedio nacional de sus pares. Sólo contando los más de tres años que demoró la provincia en adherir a la nueva Ley de ART, las firmas perdieron más de $13.000 millones, algo que esperan empezar a corregir a partir de la adopción de la norma.

El último jueves, la Legislatura provincial le dio sanción definitiva a la adhesión de la Ley de Riesgos de Trabajo 27.348, lo que implica que los trabajadores en caso de sufrir un accidente o una enfermedad laboral deban recurrir en primera instancia a las Comisiones Médicas. Esto promete otorgar más agilidad a los procedimientos (en 60 días debería haber una resolución al respecto) y mayor transparencia (interviene en el caso un abogado de manera gratuita, jaqueando la industria del juicio).

Pero además, de acuerdo a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), en las provincias donde rige ayudó a bajar drásticamente la litigiosidad. En 2017 hubo 130.679 juicios laborales, ya en 2018 con la ley plenamente vigente y varias provincias adheridas la cifra bajó a 80.038, y en 2019 a 67.898. “No quiere decir que no haya habido siniestros reales que se siguieron tramitando y que siempre los hay, más allá de que están bajando desde hace tiempo por los mayores cuidados en higiene y seguridad. Pero sobre esa base real, hay toda una capa de siniestros fraudulentos que recargan el sistema, y que de eliminarse, eso se traducirá en un gran alivio para todos”, analizó Ariel Dolce, presidente de la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario (Fecoi).

Es que de acuerdo a los cálculos de la Federación Industria del Santa Fe (Fisfe), el costo de no adherir a la ley implicó hasta el año pasado un gasto extra mensual de $350 millones para la industria santafesina, que debió hacer frente a una mayor alícuota. “Si tomamos como promedio $300 millones mensuales, y lo multiplicamos por 44 meses que se demoró la adhesión a la norma, tenemos un sobrecosto de $13.000 millones”, calculó Walter Andreozzi, abogado y referente de la entidad.

“Esto era un elemento disuasivo más a la hora de contratar personal, porque un juicio laboral inventado a una pyme la paraliza por completo”, destacó, sin descuidar que también hay casos reales que esta legislación busca encauzar. “Hoy algunos rubros comienzan a recuperarse y necesitan personal, pero hasta ahora venían dudando en contratar por este factor, entre otros”, apuntó en diálogo con Ecos365.

A modo de comparación, destacó que una provincia muy similar como Córdoba tiene una litigiosidad del 8%, mientras que Santa Fe registra más del triple. “A la par de terminar con esta industria del juicio y bajar paulatinamente las alícuotas, indirectamente mejorás el funcionamiento de la Justicia Laboral, que hoy tiene diez juzgados colapsados por la avalancha de casos fraudulentos”, expresó.

Para Dolce la normativa sin duda ayudará, más allá de que en la actualidad la pandemia cambió la escala de problemas. “Hoy todo el esfuerzo se centra en ver cómo nos recuperamos en cada sector, pero sin dudas servirá cuando haya una reactivación de la economía, porque corta con la transferencia de dinero del sector productivo al ilegal, y favorece al ecosistema del empleo”.

“Hoy una empresario tiene muchas dudas a la hora de invertir porque debe pensar en el tipo de cambio, en si le dejarán exportar materia prima e importar maquinaria, si le respetarán la propiedad privada, y hasta ahora también debía considerar la judicialización de conflictos laborales, por eso está bueno al menos despejar ese problema”, analizó.

Uno de los sectores con más siniestralidad laboral es el de la construcción. Rubén Llenas, gerente de la Cámara Argentina de la Construcción de Rosario, indicó que hasta ahora las empresas del rubro venían pagando una alícuota promedio de más de 9%, cuando a nivel nacional se abonaba entre el 5 y el 6. “Esto es costo directo que se suma, que se traducía en una pérdida importante de competitividad frente a empresas de otras provincias, y por eso corregirlo será muy importante”, manifestó.