El Gobierno trabaja para implementar nuevas medidas económicas para asistir a los sectores que se ven más perjudicados por la pandemia del coronavirus, la crisis económicas y las restricciones puestas en marcha para frenar los contagios.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó que no habrá una nueva edición del programa que se realizó durante el año pasado, Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en el marco de la segunda ola de coronavirus. "No lo tenemos en cuenta", afirmó.

En la última reunión de gabinete económico, el miércoles pasado, se hizo un repaso de las medidas de asistencia en evaluación. Al término de ese encuentro, se reforzó que el gasto público para asistir a familias y empresas ya comprometido asciende a $480.000 millones, el equivalente a 1,3% del PBI.

En tanto, en su informe ante el Senado, el propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, admitió que está en análisis ampliar la ayuda económica a las personas más vulneradas, así como a los sectores productivos más afectados por la pandemia.

Medidas a ser implementadas por el Gobierno

Bono de $15.000 para AUH y monotributistas

El refuerzo extraordinario de $15.000 se pagó entre fines de abril y principios de mayo para casi 1 millón de familias que reciben AUH en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ante el retorno de las restricciones sanitarias vigentes desde mediados de abril.

El pago fue por única vez y ahora el Gobierno parece haber definido la implementación de una nueva etapa y extenderla a otras provincias también en situación de alerta sanitaria.

Los montos de la AUH se incrementaron 12,12% desde el 1 de junio por la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria, que impacta en esa asignación y otras que paga la ANSES. Así casi 13,5 millones de personas que perciben asignaciones cobran desde este mes $4.504.

Incentivo a contratar trabajadores y "ATP joven"

El Ministerio de Desarrollo Productivo creó el "Programa Federal de Fortalecimiento de la Reactivación Productiva". Se trata de un plan para incentivar la contratación de nuevos trabajadores en distintos sectores de todas las provincias, siempre que esos distritos adhieran a la iniciativa.

El programa será financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) que destinará un porcentaje para el pago de los salarios de los nuevos empleados, según la escala salarial por región y los plazos de contratación.

Respecto de los jóvenes de 18 a 24 años, se sabe que más de un millón y medio de jóvenes no estudian ni trabajan. Por eso, la principal preocupación tiene que ver con aquellos que al cumplir la mayoría de edad quedan sin protección social porque sus madres o padres dejan de recibir la AUH.

Al respecto, la ANSES avanza en una reformulación de la AUH para incluir algún tipo de asistencia a ese segmento poblacional, que puede darse mediante un plan de estudios distinto a las Becas Progresar. 

La solución en análisis apuntaría a facilitar la inclusión laboral de esos jóvenes, tal como sucede con el programa Potenciar Trabajo, que busca avanzar en la conversión de planes sociales hacia propuestas concretas de empleo.

Para eso, las distintas carteras oficiales realizan acuerdos con empresas que contratan a los inscriptos en el Potenciar. En ese marco, Arroyo y la presidenta del Consejo Nacional de Políticas Sociales. Victoria Tolosa Paz consiguieron la semana pasada la adhesión de la empresa Cerámica Fanelli, de la ciudad de La Plata.

Tarjeta Alimentar

Desarrollo Social impulsa una rebaja del Impuesto al Valor Agregado para que las 4 millones de familias que reciben la Tarjeta Alimentar compren carne, lácteos, frutas y verduras con gravamen diferencial. Esos alimentos son los que más subieron de precio en los últimos seis meses.

La iniciativa busca no solo abaratar los valores de esos alimentos para unas 4 millones de familias de los que menos tienen sino mejorar la calidad nutricional de esas personas, indicó Arroyo.

Se haría con un mecanismo similar al de reintegros para jubilados y titulares de la AUH y AUE por las compras con tarjeta de débito, que está vigente al menos hasta 30 de junio próximo, aunque los detalles todavía son parte de un trabajo entre Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y la AFIP.