Mientras la segunda ola de coronavirus avanza por el país, y se analizan más restricciones sanitarias, el Gobierno sabe que cuenta con poco margen fiscal para una política de asistencia como la que encaró el año pasado. La idea es que sólo si la situación se vuelve extrema, se realicen ayudas focalizadas y orientadas a personas, no a empresas.
No obstante ello, se sostendrá el Repro II, el programa de recuperación productiva que depende del Ministerio de Trabajo y representa un aporte de $ 9000 por trabajador, y que es el reemplazante del programa de Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP).
Este último no está previsto que vuelva, así como tampoco los cierres masivos de empresas ya que el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió que la economía no soportaría otra Fase 1 como la que rigió desde marzo de 2020. La meta de este año es que el déficit primario sea del 4,5%, con el fin de tener más margen de negociación con el FMI, con el que se busca un alivio en los plazos e intereses de la deuda.
Para cumplir con ello no podrá volver el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), al menos de las características que tuvo el año pasado (alcanzó a nueve millones de personas), no obstante el presidente Alberto Fernández no lo descartó de plano.
Pese a las asistencias y medidas como la prohibición de despidos y la doble indemnización, el desempleo llegó al 11% a fines del 2020 y la pobreza cerró en 42%. Es por eso que el Ministerio de Desarrollo Social analiza lanzar otra batería de programas sociales. De hecho la semana pasada se amplió el Presupuesto destinado a cubrir gastos vinculados a la pandemia por $32.900 millones, y se amplió en $4.000 por prestación los Repros para el turismo.
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