Pequeñas y medianas empresas proveedoras de internet en localidades santafesinas paralizaron inversiones en infraestructura pese a la creciente demanda de de parte de sus clientes por la ola de virtualidad. La medida se adoptó ante la imposibilidad de ajustar el precio final en función de la inflación, luego de que el Gobierno declarara servicio público las soluciones que brindan.

“Nosotros tenemos que invertir fuerte en infraestructura física, y con el esquema anterior sabíamos que recién a los cuatro años recuperábamos esa plata. Con el precio determinado por el Gobierno, el horizonte de recuperación desaparece, porque ya no controlamos esa variable, y por eso se dejó de invertir”, manifestó Patricio Seoane, referente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI), y titular de Internet Service SA.

Su empresa presta servicio en Santa Fe Capital , Santo Tomé, Sauce Viejo, Coronda, Larrechea, Gessler, San Cristóbal, La Lucila, Frontera, Villa Constitución, Empalme y Pavón. “A fines del año pasado, cuando directamente habían congelado la tarifa, teníamos que elegir entre pagar sueldo y hacer el mantenimiento mínimo. Ahora que autorizaron alguna suba, podemos hacer las dos cosas, pero no nos da para las grandes obras”, manifestó a Ecos365.

Es por eso que la extensión de fibra óptica, necesaria para hacer frente a un consumo que se disparó por el home office, las clases virtuales y mayor uso de streaming, en muchos casos no se está haciendo. “En algunas localidades chicas, porque no nos gusta dar un mal servicio, terminamos avanzando con algún trabajo, pero en otras directamente no podemos”, dijo y puso a modo de ejemplo que después del congelamiento tarifario de 2020 (con una inflación del 36%), este año les autorizaron subas del 8%, 7% y 7%, la última en marzo. “Ya tenemos tres meses sin ajustes pero la inflación no frenó este tiempo”, apuntó. Y eso sin contar que muchos de los costos que estas pymes tienen son en dólares.

Fermín Sodini, gerente de Operaciones de Amecom, ISP que provee internet en Villa Gobernador Gálvez, el sur de Rosario, Alvear, Pueblo Esther y otras localidades de la región sur de Santa Fe: “En los últimos dos años nuestros precios fueron por debajo de la inflación y hoy la ecuación de nuestro negocio depende de lo que un funcionario en Buenos Aires cree que está bien que yo aumente, sin importar como me aumentaron a mí los costos, o de cuánto es la factura de mis contratos de conectividad mayorista que son en dólares y mucho menos si alcanza para absorber el impacto de los aumentos de la nafta y el gasoil en nuestro gasto de movilidad”, dijo.

“Hoy la fibra está tirada, pero el proyecto lo paramos porque no tenemos certidumbre de cómo podríamos recuperar esa inversión”, dijo Fermín Sodini de Amecom

A eso se suman los fuertes incrementos en la conectividad mayorista, que hasta la red estatal Arsat aplicó, pese a la obligación de las operadoras a brindas una Prestación Básica Universal (PBU), algo que, según sus palabras terminan subsidiando las propias prestadoras. “Tuvo que venir una pandemia para que el Gobierno se dé cuenta que brindamos un servicio esencial, algo con lo que estamos de acuerdo, pero en los últimos diez años a las pymes de esta industria nadie nos dio una mano, al contrario, nos pusieron más carga, porque la regulación que nos pusieron atenta contra el desarrollo de los servicios de internet, hacen que se retraiga la inversión privada y que a fin de cuentas internet llegue a menos gente”, explicó.

Puso como ejemplo el proyecto de su empresa en el Barrio Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez, donde Amecom comenzó en 2020 un tendido de FTTH para dar servicio a 2.000 hogares, entre ellos los del barrio vulnerable “La Tablita”, y que debió suspender a partir del impacto del DNU en el negocio de su empresa familiar. “Hoy la fibra está tirada, pero el proyecto lo paramos porque no tenemos certidumbre de cómo podríamos recuperar esa inversión”, concluyó terminante.