Empresarios de la salud, nucleados en la Unión Argentina de Salud (UAS), exigieron un aumento del 40%, y anunciaron que acudirán a la Justicia para conseguirlo a través de cuotas. Insistieron con que el Gobierno busca desfinanciarlo para nacionalizar el sistema.
La UAS presentará una medida cautelar exigiendo el cumplimiento del artículo 17 de la Ley de Medicina Privada, que obliga a estudiar las estructuras de costos de las empresas y a otorgar las actualizaciones necesarias. De acuerdo a esa ley, las actualizaciones de la medicina prepaga deben ser aceptadas por la Superintendencia de Salud, dependiente del Ministerio.
Concretamente los empresarios hablan de un descalce del 40% entre la suba de los costos y los aumentos que fueron permitidos por el gobierno desde fines de 2019, y que se materializaron en una única suba del 10% en todo el 2020 y en tres aumentos consecutivos en 2021: 3,5% en marzo, 4,5% en abril y 5,5% en mayo.
Ante la imposibilidad de trasladar todo el 40% de forma directa a los afiliados, piden hacerlo en cuotas o con un subsidio estatal transitorio que permita recuperar los puntos perdidos, además de establecer una fórmula que fije los incrementos a partir de un indicador como puede ser la evolución de los salarios medido por el Ripte.
Desde el Gobierno les respondieron diciendo que el sector se benefició con las bajas en las contribuciones patronales y el acceso al Repro II, cubriendo el Estado el mayor parte del salario de los trabajadores desde enero. Sin embargo las prepagas insisten en que en los últimos nueve años subieron 1054% los valores, cuando los costos lo hicieron 1950% y los medicamentos 3000%.
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