Los Derechos de Exportación (DEX), comúnmente conocidos en Argentina como “retenciones”, vuelven a la agenda pública e “épocas de vacas flacas”, como reza el dicho. Justamente, ante cada crisis económica, social y política, el Gobierno de turno pone la mira en la producción agropecuaria y busca asegurarse una parte importante de la torta que genera el privado.

Si bien las retenciones cobraron notoriedad y relevancia en 2008, con el recordado conflicto por la Resolución 125, la realidad indicar que es una historia de larga data en el país. De hecho, hay que ir varias décadas atrás para encontrar su surgimiento. En 1940, en tiempos donde se desarrollaba la 2° Guerra Mundial, el Gobierno de ese entonces creó el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio (IAPI) para profundizar los controles sobre el comercio exterior. Precisamente ese organismo operaba como el único comprador de cereales y oleaginosas en el mercado interno a precios fijados por el Estado.

Años después, ya a finales de 1955, lo que se denominó como “Revolución Libertadora” (que estaba al frente del país) instauró los DEX de manera temporal, estableciendo hasta el 25% y contemplando cereales, carnes y otros productos del agro. Luego de sufrir modificaciones importantes en los años subsiguientes, los derechos de exportación volverían a fijarse en diciembre de 1958, en ocasión del lanzamiento del Plan de Estabilización del presidente Frondizi. Durante ese año, rememoran los que saben, el sector agropecuario había estado sujeto a un sistema de desdoblamiento cambiario, por lo que liquidaba la mayor parte de los dólares que generaba vía exportaciones a un tipo de cambio comercial más bajo que el del mercado libre.

En 1960 los DEX fueron ajustados en diversas ocasiones, aunque como regla general las alícuotas se mantuvieron bajas, la finalidad del esquema era principalmente contrarrestar el efecto de las mejoras graduales en el tipo de cambio. En 1967, el Gobierno los introdujo otra vez con medidas de alto impacto como devaluación del peso tremenda y la aplicación de derechos aduaneros de entre 20 y 25%, que se reducirían en forma gradual.

La década del ´70

La inestabilidad política y económica llevaron se agigantaron en los primeros años de la década de 1970 y los derechos de exportación con frecuencia estuvieron en la agenda de los planes económicos. En 1972, se destacó la introducción por ley de “derechos especiales móviles”, estableciéndose que no podían exceder en ningún caso el 15% del valor FOB.

Años después, el gobierno militar de 1976 eliminó inicialmente la mayor parte de las barreras impositivas a la exportación, aunque las volvió a introducir en 1982.

Retenciones en democracia

El gobierno democrático del Dr. Raúl Alfonsín también recurrió a los derechos de exportación por necesidades fiscales. De todas maneras, en 1987 se eliminaron las retenciones al trigo y maíz, manteniéndose para el complejo oleaginoso. Sin embargo, con la crisis desatada en el final de su mandato volvió a instaurar en febrero de 1989.

Durante la década del ´90, bajo las dos presidencias de Carlos Menem, la novela de las retenciones tuvo menos capítulos, teniendo en cuenta la estabilidad alcanzada con el plan económico aplicado, que contempló una quita importante de todo aquello que afectaba al libre comercio agropecuario.

Luego de la debacle ocurrida en 2001, las retenciones hicieron nuevamente su aparición. Esta vez, en febrero de 2022 y la excusa, para muchos válida, radica en la grave situación que atravesaban las finanzas públicas.

Con kirchnerismo

En enero de 2007 la resolución 10/07 del Ministerio de Economía y Producción incrementó las alícuotas en 4 puntos porcentuales para el complejo soja, quedando en 27,5% para el grano y 24% para los subproductos.

Meses más tarde, tras las elecciones nacionales de 2007, el Gobierno saliente modificó todo el esquema. El maíz comenzó a pagar un derecho de exportación del 25% y el trigo del 28%, mientras que las alícuotas de girasol y soja se incrementaron hasta 32 y 35%, respectivamente, con 3 p.p. de diferencial arancelario para los productos de primera transformación industrial.

Otra modificación sustancial se hizo en marzo de 2008, que aumentaba la carga tributaria hasta niveles que prácticamente vulneraban el principio de justicia en la imposición. En el caso de la soja, el esquema movía inicialmente las alícuotas de 35 a casi 41%, alcanzando luego un máximo de 48,7%. Todo esto motivó la disconformidad y enojo de los productores que estuvieron dispuestos llevar hasta las últimas consecuencias un conflicto que finalmente quedó “out” luego de una sesión histórica en el Congreso de la Nación.

Desde entonces, por varios años (7) se mantuvo mayormente inalterada la estructura de las retenciones para granos, harinas y aceites, verificándose solamente cambios en biodiesel y en el rubro de mezclas para alimentación animal, entre otros productos agroindustriales.

En conclusión, las distintas variantes que tomaron los derechos de exportación en las últimas décadas no hacen más que reforzar la idea de que el sector agropecuario, que significa el 25% del PIB en forma directa e indirecta y contribuye con el 55% de las exportaciones, ha sufrido una visible discriminación en los sucesivos planes de gobierno. El sector convivió con una distorsión de precios casi permanente, que frenó su crecimiento y dificultó las posibilidades de pensar en el mediano y largo plazo.

El “Macrismo” quiso pero no pudo

Tal como había prometido en la campaña electoral, el presidente electo en el ballotage Mauricio Macri eliminó (en 2016) de un plumazo las retenciones para el trigo, maíz y girasol. Para el caso de la soja, la decisión había sido de bajar del 35% al 30% y a partir de 2018 una reducción de 0,5% por mes, llegando al 26% en agosto de ese año.

Sin embargo, tras las devaluaciones en marzo y agosto de ese año, se modificó el sistema provisoriamente hasta fines de 2018. Así, las retenciones para el trigo, maíz y girasol pasaron a ser del 12% o $ 4 por dólar vendido, según cuál era menor. Es decir, como se daban 2 opciones, la retención efectiva pasaba a depender del precio del producto. Para la soja pasó a ser del 18% más un 12% o $ 4 por dólar, el que fuese menor (es decir, un 30% o menos).

La era “Alberto”

Después de asumir en diciembre de 2019, Alberto Fernández eliminó la opción de los $ 4 por dólar, dejando así sólo los porcentajes del 12% para el trigo, el maíz y el girasol, y del 30% para la soja.

En marzo decretó nuevos cambios: el porcentaje de retención para los granos de trigo y maíz se quedó en 12%, para el girasol bajó al 5% y para la soja aumentó al 33%.

Según comunicó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, este aumento al 33% de retenciones será sólo para los que exportan más de 1.000 toneladas (un 26% de los productores, según el análisis oficial), mientras que para los de menor producción las retenciones se mantendrían en 30% o incluso para los de aún menor producción (el caso más beneficioso) bajarían al 20%.