El Gobierno nacional acordó con las empresas de telefonía móvil autorizar un incremento de precios en febrero y otro en marzo, siempre y cuando se reintegre a los clientes lo percibido en enero por encima del 5% autorizado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
De acuerdo a los cálculos de las empresas, en incremento de febrero sería del 7,5% y el de marzo del 2,5%. Claro y Telefónica ya habían iniciado los reintegros del extra cobrado, por lo que estarían en condiciones de aplicar esta suba.
Las empresas venían reclamando aumentos por encima de los autorizados, bajo el argumento de que estaba en riesgo su sustentabilidad. En su resolución, el Enacom así había admitido que “la mayor incidencia en los costos está dada por los rubros de equipamiento y de conectividad entendida como los valores de los vínculos de interconexión a internet”, y que teniendo en cuanta que sus “precios de mercado deben abonarse a valor dólar, también se torna trascendente el análisis de la variación del tipo de cambio”.
El problema es que el sector privado tiene la obligación de informar con al menos 30 días de anticipación los aumentos de precios, y teniendo en cuenta que el mes está cerca de terminar, habrá que ver si las empresas pueden o no subir sus tarifas.
Algunas empresas ya habían facturado en febrero con subas por encima de lo permitido y ahora deberán refacturar con saldo a favor del cliente, mientras que otras lo hicieron sin contemplar ningún aumento, y enviarán otra boleta cuando se oficialice la suba.
Están las que mandaron la factura de febrero tal como estaba todo y enviarán una nueva con el incremento una vez que esto sea oficial, y están las que mandaron las boletas con aumentos por encima del permitido que, ahora, tendrán que refacturar o dar un crédito a favor a sus clientes.
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