Al fin, luego de varios meses de negociación, se llega a un acuerdo con los principales bonistas poseedores de los bonos argentinos bajo ley extranjera, por un monto de 66 mil millones de dólares.

Al denominado valor actual neto del bono de 54,8 dólares por cada 100 nominales, se llega desde los 75 iniciales exigidos por los acreedores y los 40 ofrecidos por el gobierno, y resulta de un proceso de negociación en el que se fueron cambiando las quitas de capital, la alícuota de los intereses, los plazos de amortización del capital y del pago de intereses, algunas cláusulas legales y de la aceptación de una tasa de descuento del 10% (pérdida de valor de la
unidad económica de medida (por ej., consumo) a lo largo del tiempo).

Ya habrá tiempo de analizar el proceso negociador en sí mismo. Es probable que se podría haber alcanzado algunos meses antes en esas mismas condiciones. Los apoyos internacionales y un FMI “más bueno” o permisivo, no fueron suficientes para mejorarlo, contrarrestando los negativos antecedentes del país en materia de deuda externa. La alternativa era el default efectivo.

Lo importante es que se logró darle un principio de sustentabilidad a la deuda al mejorar la curva de los vencimientos pero, para poder pagarla aun así, hay que tener con qué, esto es, el país deberá disponer de los dólares cuando lleguen los nuevos pagos de capital e intereses acordados, unos 30.000 millones menos en los próximos 20 años, que los que se hubieran necesitado sin acuerdo. Que la economía crezca es condición sine qua non para el sostenimiento de la deuda en el largo plazo.

Quedan, no obstante, dos frentes abiertos. Uno, con los bonistas de ley argentina por alrededor de 35.000 millones de dólares, que se suponme más fácil de resolver por asimilación de las condiciones del arreglo con los bonistas de ley extranjera. Y otro frente, más complejo, por la deuda de 44.000 millones con el FMI, imposible de pagar en las condiciones establecidas, negociación que en el mejor de los casos se daría en un alargamiento de los plazos de pago. La propuesta de un sendero de crecimiento debería ser llevada por el gobierno antes que el FMI imponga sus tradicionales reformas estructurales y
el gobierno las tenga que hacer suyas como política económica.

Sin duda, el acuerdo alcanzado -que debe culminarse el 24 de agosto-, tranquiliza el mercado de cambios, distiende las tensiones con los grandes empresarios y mejora el escenario con un default. Los años de recesión, la pandemia con cuarentena y un default hubieran llevado la economía a una situación gravísima de estancamiento con hiperinflación. Pero los escenarios
que se plantean, aunque menos negativos, no dejan de ser complicados.

En las propias declaraciones del gobierno están claros los objetivos, casi obvios: creación de empleo, agregación de valor y recuperación de reservas externas, no así la estrategia, solo que será flexible. Conjeturando, mientras esperamos las anunciadas 60 medidas, podemos pensar que en el cortísimo plazo, tratando de vitalizar el aparato productivo, particularmente el de servicios y pequeñas y medianas industrias no esenciales en la pandemia, se inscribe el proyecto de moratoria impositiva, previsional y aduanera, una nueva ley de quiebras adecuada a la situación de miles de empresas en todo el país, y un plan de refinanciación de pasivos a nivel bancario, con adecuación de las actuales normas de calificación, fijas desde marzo pasado.

Y para el mediano y largo es de esperar medidas consistentes para aumentar la demanda agregada, esto es, consumo interno, inversión productiva privada y pública en infraestructuras y exportaciones con alto contenido de valor agregado, fuente de los dólares necesarios en el futuro para pago de la deuda estructurada y sostenibilidad del proceso de crecimiento económico.

En ese contexto, cabe esperar créditos a tasas subsidiadas para nuevos proyectos de inversión, desgravaciones impositivas para promoción de exportaciones, nuevos incentivos para agilizar el consumo interno con endeudamiento a bajo costo, un amplio programa de obras públicas en el interior del país, una recuperación del “compre argentino” para sustituir importaciones. Más aun, el federalismo económico obliga a una mirada hacia las economías regionales, orientando recursos e incentivos para la creación de empleo y de las producciones regionales, muchas de ellas de exportación. El sector agropecuario, por su relevancia exportadora requerirá un tratamiento especial, dada su sensibilidad política: mejora en la logística, desgravación en insumos, etc.

Decirlo es fácil y la lógica formal es entendible, pero las decisiones de los actores económico y sociales son contextualizadas y con cargas emotivas y políticas. Las deformaciones estructurales, los años de recesión, la destrucción del aparato productivo y del empleo durante la pandemia, los cambios en las áreas económicas internacionales, con aumento del proteccionismo, obligan a los formuladores de la política económica a un esfuerzo enorme para conjugar el corto con el largo plazo, lograr la credibilidad de los actores y así cambiar las
expectativas sobre la evolución económica, social y política en los años por venir.