El Parlamento australiano se convirtió en el primero del mundo en aprobar una ley para obligar a los gigantes digitales como Facebook y Google a pagar por las noticias que reproducen en sus plataformas.
Luego de que Facebook y Google llegaran a acuerdos para evitar verse sometidos a arbitrajes vinculantes, el Gobierno declaró que la ley garantizará que las empresas de prensa "reciban una remuneración justa por el contenido que generan, contribuyendo así a mantener el periodismo de interés público en Australia".
"El código es una reforma microeconómica significativa, una que ha atraído los ojos del mundo hacia el Parlamento australiano", dijo en un comunicado el ministro australiano de Finanzas Josh Frydenberg.
Frente al dominio publicitario de Facebook y Google, gobiernos de distintos países del mundo están empezando a analizar medidas similares, y en ese sentido el primer ministro Scott Morrison dijo que conversó sobre la nueva ley con los líderes de la India, Canadá, Francia y Gran Bretaña.
La semana pasada, tras la aprobación en primera instancia en el Congreso, Facebook actuó en represalia removiendo muchos contenidos de actualidad en el país, incluyendo información de servicios de emergencia del gobierno.
Los usuarios australianos de Facebook no podían consultar los enlaces de información de los medios locales o internacionales y las personas que viven en el extranjero tampoco tenían acceso a las informaciones australianas.
Frydenberg declaró entonces que su gobierno estaba "totalmente decidido" a poner en marcha su proyecto de ley destinado a forzar a las plataformas digitales a remunerar a los medios por el uso de sus contenidos.
"Lo que confirman los acontecimientos de hoy (el 18 de febrero pasado) a todos los australianos es la posición dominante de estos gigantes en nuestra economía", agregó en ese momento en su cuenta de Twitter.
Después de conversaciones con el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, el gobierno acordó que tomaría en cuenta los acuerdos comerciales que Google y Facebook alcancen con las empresas de noticias antes de decidir si están sujetos a la ley, y que también les avisaría con un mes de antelación.
Las plataformas también ganaron más tiempo para llegar a acuerdos con los editores de medios antes de verse obligados a someterse a un arbitraje de oferta final como último recurso.
