Hace pocas horas la Embajada de Brasil en Buenos Aires informó a la Subsecretaría del Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que, en virtud de lo dispuesto por el Consejo de Estrategia Comercial de Brasil, que dará por finalizado el “Acuerdo de Transportes Marítimos” entre ambas repúblicas a partir del 9 de febrero de 2022.

De este modo, y cumpliendo con el plazo de preaviso dispuesto en el mismo instrumento, la administración de Jair Bolsonaro adopta una decisión que pone en jaque la subsistencia de lo poco que queda en pie de la Marina Mercante Argentina. Si bien, como se ha dicho, el tratado dejado sin efecto data de 1985, éste era la continuidad de diversos acuerdos previos que tienen su origen en 1959 con la llamada Conferencia Marítima de Armadores Argentinos y Brasileños.

Luego de la desregulación de las actividades portuaria y marítima dispuesta por el ex presidente Carlos Menem, además del desguace de las grandes flotas mercantes estatales pertenecientes a las empresas ELMA e YPF, fueron muchas las navieras privadas que dieron por finalizadas sus operaciones. Con posterioridad, y después de algunos años de incertidumbre en el sector, se promulgó el decreto 1010/04 mediante el cual se permitió la llegada de buques de bandera extranjera para operar en determinados tráficos, a condición de que los mismos fueran tripulados con marinos argentinos y de este modo obtener un tratamiento fiscal idéntico a los de bandera nacional.

Si bien tenía una validez de dos años a la espera de una ley específica para la actividad, la medida continúa vigente hasta el presente y la actividad naviera nacional quedó reducida al cabotaje marítimo y fluvial con un agregado regional que se apoya en apenas un 5% de las cargas que se transportan por la Hidrovía Paraná -Paraguay, ya que el 95% del transporte fluvial está en manos de Paraguay, Brasil y Bolivia, y el flete transportado en buques nacionales o con tratamiento de tales que se realiza desde y hacia puertos brasileros en virtud del acuerdo hoy denunciado por el país vecino.

Fuente: Infobae