El ex subjefe de la Policía de Santa Fe, Ariel Zancocchia, fue citado a audiencia imputativa por la Justicia provincial bajo sospecha de ser un engranaje clave en el desguace y venta de autopartes de patrulleros del Comando Radioeléctrico de Rosario, en su mayoría fuera de uso y abandonados en la base de Tarragona al 700 bis.
La audiencia será el lunes 29 de noviembre a las 14 en el Centro de Justicia Penal, a cargo de Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, y ante la jueza Paula Álvarez. En principio, aparecen delitos contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, entre otros que analizan los fiscales, según adelantó Telenoche Rosario (El Tres).
Zancocchia, que había sido designado en la cúpula de la fuerza santafesina por Marcelo Sain en septiembre del año pasado, fue desplazado de su cargo por el actual ministro Jorge Lagna tras ser allanado a finales de julio.
Junto a él, serán formalmente imputados por fiscales de Delitos Complejos de la Fiscalía de Rosario otros ex altos mandos de la Unidad Regional II: son Sergio Cantero, jefe de la Agrupación Cuerpos entre 2018 y julio de 2021; Cristian Molina y Débora Savani, ex jefe y subjefa del Comando Radioeléctrico; el ex habilitado de la URII Martín Ronsisvalle y su par de la Policía de San Lorenzo, Daniel Vega; y Francisco Fernández, quien fuera jefe de Logística.
Todo surgió por una inspección de la Agencia de Control Policial (ACP) a la "Base Tarragona" del Comando Radioeléctrico, que la oposición denunció que se había convertido en un "cementerio de patrulleros", porque enviaron decenas en desuso por falta de reparación. Allí detectaron inconsistencias en registros de estados de móviles en reparación y otras irregularidades.
Más adelante, en el celular del jefe de taller, Germán Trujillo -que ya fue imputado- detectaron conversaciones con Zancocchia que databan de años anteriores. "Truji (sic), ¿habrá una caja de S10 de sexta y embriague para el móvil de la comisaría Baiochi? Los donantes aportan 15 mil pesos", decía uno de ellos.
La Justicia sospecha que el ex subjefe mantenía el control de talleres privados por intermedio de terceros.
