La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dejó este martes firme el proceso de avocamiento sobre el concurso de acreedores de Vicentin y a la agroexportadora se le complicó seriamente la situación. Es que la defaulteada aceitera tenía todo listo para cerrar un acuerdo con los acreedores y comenzar el proceso de traspaso de sus activos a las multinacionales Bunge, Viterra y a la Asociación de Cooperativas Argentinas, proceso que ahora corre riesgo de fracasar.
Los jueces rechazaron la apelación que presentó Vicentin al decreto de la Corte firmado en 16 de junio por el titular del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez, por el que se suspendió la convocatoria de acreedores de la aceitera para analizar la posibilidad de iniciar un proceso de abocamiento, una medida de excepción por el cuál el alto tribunal se pone, en la práctica, a resolver un caso y no a revisar lo actuado por jueces de instancias inferiores, como es su función regular.
Gutiérrez tomó la decisión de suspender los plazos procesales del concurso ante la presentación que hizo el grupo Grassi (su acopio Commoditie es el segundo acreedor comercial en importancia) denunciando graves irregularidades durante el proceso de convocatoria y alertando que al mismo tiene que en el fuero comercial se disponían a homologar el acuerdo tejido por Vicentin, en el fuero penal las investigaciones por estafa, administración fraudulenta estaban avanzando a paso firme sin ser tomada en cuenta por el juez del concurso Fabián Lorenzini
Antes del inicio de la feria judicial de invierno, habían sido completados todos los pasos procedimentales previos (como recibir los argumentos de todas las partes) quedando sólo la resolución que se tomó este martes. Al dar marcha atrás con el decreto, se reactiva el concurso de Vicentin, y la agroexportadora se encaminaría a resolver su situación.
Ocurre que la oferta de pago de su deuda de más de 1.500 millones de dólares logró la aprobación de las mayorías (en capital y cápitas) que exige la ley de quiebras y concurso, pese al rechazo del Banco Nación, el principal acreedor, y los medianos y grandes acreedores del campo, como el grupo Grassi, que la rechazaron argumentando que el grueso del recorte de pago cae sobre ellos, a diferencia de los acreedores más pequeños y los bancos internacionales que salen mucho mejor parados.
Si se homologaba el acuerdo, los tres inversores estratégicos iban a pasar a administrar por 12 años los activos de Vicentin (mientras se paga el concurso) para luego repartirse las plantas y puertos. Pero como la Corte ratificó el decreto de Gutiérrez se inicia formalmente el proceso de avocamiento.
Ahora, los jueces del máximo tribunal deberán ponerse a estudiar la marcha del concurso y evaluar girarlo a otro juzgado, un proceso que pude llevar mucho tiempo por la magnitud y complejidad del caso, se malogra el plan de Vicentin. Pero también la Corte puede terminar definiendo a final de camino que el accionar del juez Lorenzini es correcto (reactivándose el proceso concursal). Pero por más que el resultado final siga abierto, como ocurre en los pleitos judiciales, claramente, a la Corte avalar el decreto de Gutierréz, el grupo Grassi se anotó un punto clave contra la oferta de pago de Vicentin, que estaba a una uña de lograr el acuerdo concursal. Y no cualquier punto. Uno casi decisivo.
La resolución completa:
