El Iapos, la obra social de la provincia de Santa Fe, recibió un destacado reconocimiento nada menos que de parte de la obra social de la provincia de Buenos Aires, por su eficaz mecanismo de gestión de los medicamentos de alto precio, un problema que viene desfinanciando a otras obras sociales.
Homero Giles, titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la segunda obra más importante del país, sostuvo que la obra social santafesina tiene en el manejo de este tema un sistema que debería ser replicado a escala nacional, porque pone freno a la judicialización de los reclamos, que muchas veces colocan al borde de la quiebra a muchas obras sociales.
El funcionario bonaerense señaló que “hay que generar ese espacio digital de debate, diálogo y consenso para la prescripción de medicamentos que tiene Santa Fe”, aunque reconoció que “es muy difícil de hacer, porque no todos van a estar de acuerdo”.
En contraposición con ese espacio de discusión que tiene la provincia de Santa Fe, explicó que “en el consultorio médico, una vez que está hecha la receta, no es posible discutir con los médicos sobre si tienen razón. Ese es un escenario muy malo que afecta a todos, desde los prestadores al Estado”, dijo.
Giles hizo estas consideraciones durante el debate acontecido días pasados, sobre “La problemática de los financiadores y proveedores de servicios de salud”, organizado en el marco de las 19 Jornadas Federales de la Federación Farmacéutica Argentina (FEFARA).
El modelo santafesino
El modelo del Iapos santafesino está inspirado por esa federación nacional y se ha consolidado como un mecanismo eficaz para contener las demandas judiciales por medicamentos de alto precio, que en muchos casos alcanzan valores de hasta dos millones de dólares.
En contraposición a las ventajas del sistema santafesino, la obra social bonaerense, una de las más grandes del país, atravesó este año un problema con una paciente de la ciudad de La Plata que padecía atrofia muscular espinal.
Explicó el titular del IOMA que la niña, de dos años, nunca dejó de ser tratada, pero un juez obligó a la obra social a pagar un medicamento, el Zolgensma, que no provocó ninguna mejoría e incluso le produjo reacciones adversas.
Según precisó, ese resultado negativo ya había sido adelantado por un comité de cinco médicos expertos de diferentes instituciones y la médica de cabecera de la paciente.
Según el titular del IOMA, un juez desconoció esas opiniones profesionales y falló a favor de la presión mediática y social, en la que intervinieron desde los canales de televisión porteños, un reconocido abogado de la farándula, un médico de Capital Federal que no hizo el seguimiento del tratamiento de la menor, pero prescribió ese costoso medicamento y hasta el influencer Santiago Maratea.
IOMA presentó una denuncia penal contra los responsables de esa acción, que no redundó en beneficio de la paciente, y cuestionó públicamente las “promesas de curas milagrosas de la industria farmacéutica que se aprovechan de la desesperación de los padres”.
Un medicamento, igual a 300 mil prestaciones
El gasto en ese medicamento que el juez ordenó proveer le representó al IOMA una erogación equivalente al valor de las prestaciones que reciben mensualmente unos 300 mil afiliados que esa obra social tiene en la ciudad de La Plata.
“Existe un círculo aceitado que siempre consigue un médico que receta, un abogado que presenta el amparo y un juez que otorga la cautela”, explicó Giles.
“La cuestión que deberíamos poder ordenar es la prescripción de los medicamentos”, reiteró, y fue entonces que se refirió al modelo que tiene el IAPOS santafesino.
“Los medicamentos son un derecho social y todos debemos acceder a los servicios de salud y a los medicamentos cuanto se los necesite. Pero hay mucha dispersión entre los actores desde el propio Estado y poca regulación, entonces debe haber un actor que intervenga en el mercado”, propuso.
En esa idea sugirió que “debe haber alguien que centralice a todos los actores del sistema, lo que no significa estatizar clínicas o prepagas, una amenaza con la que se ha pretendido embarrar la cancha”, lamentó.
Giles comentó que el IOMA estaba “completamente destruido, con enormes deudas con todos los prestadores, que ahora pudieron ser equilibradas y hasta se pudo crecer e invertir más que antes en prestaciones y servicios”.
