El día de Marisa comenzó y terminó en el mismo lugar, la calle. La enfermera de unos 48 años se acercó este jueves al Concejo para pedir ayuda porque no tenía dónde dormir y contó su dura historia a un grupo de edilas que, pese a las gestiones, no pudieron evitar que vuelva a pasar la noche en la peatonal.
La mujer llegó al Palacio Vasallo poco antes de que inicie la sesión ordinaria, que luego se demoró por varias horas ante la gravedad de su testimonio de vida. En ese tiempo, se convocó a representantes del municipio y se elaboró un proyecto para que el Ejecutivo explique cómo funcionan los hospedajes y la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.
Una de las concejalas que se puso al hombro la situación de Marisa, fue Daniela León, que luego detalló a Rosario3 parte de lo que la mujer contó. “Vino a pedir ayuda porque está en situación de calle y necesita un lugar donde vivir. Nos dijo que en octubre del 2020 hizo lo mismo en Desarrollo Social porque estaba en la Terminal y la habían echado”, señaló la edila radical.
“Según nos dice ella, desde Desarrollo Social la mandaron a alojarse a una pensión ubicada en Santa Fe al 2200. Por lo que pudimos averiguar, el municipio no tiene convenios con estos lugares, sino que, mediante un subsidio, les da la plata a las personas para que paguen el alquiler de la habitación”, continuó su relato León.
Al ingresar al lugar, y siempre según el relato que la mujer hizo ante un grupo de concejalas, el dueño del hospedaje abusó sexualmente de ella y de otras mujeres que estaban alojadas allí en su misma situación.
“Hizo la denuncia online de lo que le pasó ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el hombre terminó detenido. Además, desde Fiscalía trasladaron a Marisa al Centro de Justicia Penal donde le tomaron declaración”, indicó la ex presidenta del Concejo.
Según pudieron averiguar las concejalas, junto con la denuncia de Marisa, aparecieron al menos otras tres víctimas de abuso por parte del mismo dueño del hospedaje identificado como Adolfo R. La investigación quedó a cargo del fiscal Diego Meinero que en las próximas horas presentará ante el juez Leiva un acuerdo de juicio abreviado bajo la carátula “Abuso sexual simple y privación ilegítima de la libertad”.
“Cuando consultamos al municipio nos dijeron que la trasladaron a un hotel de la ciudad donde luego hubo un altercado”, aclaró León.
A partir de allí la mujer volvió a la calle y dejó de percibir ayuda del Estado. Durante poco más de un año logró sobrevivir por su cuenta pero la situación volvió a complicarse en los últimos meses y por eso decidió ir a pedir auxilio al Concejo.
Luego de algunos llamados, funcionarios de Desarrollo Social se acercaron al Palacio Vasallo y ofrecieron alojar a la mujer en el hogar que administra Cáritas. Pero ella se negó y, ante la ausencia de otra propuesta para hospedarse, optó por volver a dormir en la calle.
“Ella nos pidió que le garanticemos un lugar donde dormir y dejar sus cosas para poder buscar trabajo. Por gestiones de la concejala del PJ, Julia Irigoitia, mañana (por este viernes) le van a hacer una entrevista interdisciplinaria en Communitas, una ONG que asiste a personas en situación de vulnerabilidad. Pero por esta noche nos dijo que prefería dormir en la peatonal con un matrimonio que conoce”, señaló León.
La explicación del municipio
Consultado sobre la situación de Marisa, el director de Intervenciones Emergentes de Desarrollo Social, José Luis Tabares, reconoció a Rosario3 que están al tanto. De acuerdo a su versión de los hechos, la mujer fue derivada a la secretaría desde el área de Género y estaba siendo acompañada por una organización feminista.
“Pagamos alojamientos como subsidios pero las personas tienen que buscarse el lugar para alquilar. Nosotros tenemos un listado de pensiones que fueron armando las trabajadoras y se lo damos como guía, pero las personas son las que eligen a dónde ir y nosotros después corroboramos”, señaló.
Además explicó que el pago del hospedaje no se sostiene por más de tres meses ya que el objetivo es darle cierta estabilidad a las personas para que puedan reinsertarse laboralmente o avanzar en algún emprendimiento.
Volviendo al caso de Marisa, Tabares aclaró que ni bien se anoticiaron del hecho de abuso “automáticamente se decide sacarla de la pensión y llevarla a un hotel, incluso antes de que vaya a hacer la denuncia judicial”. “La organización que la venía acompañando es la que la asiste en la presentación, nosotros la mantuvimos un tiempo en el hotel y ella después se fue a Paraná”, sostuvo el funcionario.
Informes sobre habilitación, controles y subsidios
Todo lo relatado por Marisa puso en alerta a la concejala León que rápidamente, y con acompañamiento de las demás edilas, presentó un proyecto para que el municipio informe la cantidad de pensiones que cuentan con habilitación municipal y cuál es el criterio utilizado por Desarrollo Social para enviar personas a estos albergues.
“Queremos saber cuál es la metodología de trabajo de las áreas de la municipalidad en cuanto a la vulnerabilidad de las personas. Cómo articulan, si les hacen un seguimiento o no. Además, si se confirma la condena al dueño de la pensión, vamos a pedir la caducidad de la habilitación de ese lugar”, concluyó la concejala.
