Ya transcurrieron dos meses desde que se sancionó la ley que eximió de pagar ganancias a los sueldos de hasta $150.000 brutos. A pesar de esto, la tardanza en la promulgación, en la reglamentación y la resolución, llevó a las firmas a continuar con la retención a comienzos de mes.
El Poder Ejecutivo ya reglamentó la ley que posibilitará la devolución de lo retenido por el impuesto a las Ganancias a empleados y jubilados, pero todavía falta que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) emita la resolución general para ultimar los detalles de cómo será ese reintegro.
La reglamentación del Ejecutivo salió el 25 de mayo, más de un mes después de la promulgación que había salido el 20 de abril, mientras que la sanción de la ley fue el 8 de abril, hace dos meses. Ahora las empresas esperan la resolución de Afip para instrumentar el mecanismo de devolución del dinero retenido desde comienzos de año y cómo será el tratamiento para los sueldos de entre $ 150.000 y $ 173.000.
Además, ante la demora en la letra chica, tampoco hay unanimidad entre los tributaristas respecto de si las empresas debieron practicar en mayo la retención para los sueldos que pasarían a estar exentos, que son los que estaban sobre el mínimo no imponible de este año y llegan hasta los $ 150.000 brutos.
Para algunos tributaristas aun con la reglamentación del Poder Ejecutivo consideran que las empresas debieron haber practicado la retención de los sueldos de mayo para no correr riesgos de reclamos del Fisco, mientras que otros consideran que con las normas vigentes los empleadores pudieron haber dejado de retener ya en los recibos de abril y de mayo.
"Para dejar de hacer la retención las empresas deberían esperar la resolución de Afip, que debería salir en los próximos días, más allá de que la reglamentación ya haya salido", señaló José Luis Ceteri.
Además, cuestionó que el Ejecutivo haya subdelegado el tratamiento para la franja de entre $ 150.000 y $ 173.000 a la Afip. "No debería ser así, la Afip debería reglamentar lo que sale por ley, no determinar quién paga y quién no los impuestos. No hay que naturalizarlo porque es un tema peligroso", indicó.
A pesar de que la ley encargó al Ejecutivo tratar los sueldos de entre $ 150.000 y $ 173.000, delegó la facultad a Afip.
Por su parte, Sebastián Domínguez considera que es "poco probable" que la Afip vaya a hacer un reclamo a las empresas que no hayan retenido en abril, con la ley promulgada, y en mayo, con la reglamentación del Ejecutivo, a los sueldos brutos de hasta $ 150.000.
"Con la reglamentación del Ejecutivo, se definió qué se considera remuneración y más parámetros, por lo que entendemos que más aún podía dejar de retenerse en los casos en los que no había dudas. Si reclama creemos que hay argumentos para sostener que la ley es clara y la reglamentación también", explicó Domínguez, que espera que para mediados de mes la resolución esté lista.
Y agregó: "Hay empresas que prefirieron seguir reteniendo para no correr ningún riesgo, consideramos que podrían no haberlo hecho."
De la reglamentación, la Afip tiene que resolver cómo aliviará la carga para los salarios de entre $ 150.000 y $ 173.000 y cómo será la devolución de lo retenido en el año, aunque ya está definido que será en cinco cuotas.
El Gobierno ya había informado que en el caso de los asalariados el reintegro será en cinco cuotas a partir de julio (sueldo de junio), por lo que la última parte de la devolución los eximidos la recibirán en noviembre con el recibo de sueldo de octubre, justo antes de las elecciones generales.
Si bien esta exención a los trabajadores impactarán en las cuentas públicas recién en 2022, la medida le permite al Gobierno apostar a que los montos reintegrados, cercanos a $ 15.000 millones, signifiquen una importante inyección al consumo.
Para compensar esta resignación de recursos, el oficialismo impulsó un aumento de impuestos a las empresas, que también el Fisco percibirá en 2022. Mientras correspondía un 25% para todas las sociedades, la ley estableció un 35% para las que ganen más de $ 50 millones, un 30% para las que ganen entre $ 5 millones y $ 50 millones y un 25% para el resto.
Dada la nominalidad por la elevada inflación de este año, en los hechos para los analistas significará un aumento de la carga para casi todas las empresas.
