La Concejalía Popular de Rosario y la Federación Nacional de Inquilinos insiste con la necesidad de garantizar la sanción de la ley de Alquileres en medio de transición política entre el gobierno saliente y el entrante y "ante la apremiante situación de millones de inquilinos".

"Después de un frustrado intento de sesionar hace 15 días, donde los diputados del oficialismo no dieron quórum para su tratamiento, la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados vuelve a convocar para el miércoles 6/11 para emitir un dictamen por la ley de Alquileres", señalaron.

Nire Roldán, titular de la Concejalía Popular, explicó a Rosario3 que la iniciativa que regula los aumentos de los alquileres y protege los derechos de los inquilinos cuenta con los votos para ser aprobada tanto en Diputados como en el Senado pero está "trabada" en la comisión. Por eso, la jornada del miércoles será clave.

Para los inquilinos, "la urgencia en la aprobación de esta ley ha quedado demostrada en el transcurso de estos casi tres años de debate donde cada vez el alquiler avanza más sobre el salario promedio de las y los inquilinos". En ese sentido, recordaron que el impacto del pago del alquiler representa más de un 50% en el salario promedio, sin tener en cuenta ni expensas o impuestos.

"Siendo que casi el 40% de las inquilinas e inquilinos en el último semestre ha rescindido de manera anticipada porque no llega a pagar el alquiler y que las políticas de vivienda implementadas por este gobierno no han funcionado, hace mucho más crítica nuestra situación y aumenta muchísimo más la urgencia de avanzar en la aprobación de esta ley", añadieron.

La Federación nacional convocó "a todos los diputados que integran esta comisión a que den quórum el próximo miércoles para que, después de casi tres años de debate con una media sanción del Senado que perdió estado parlamentario, se emita dictamen y sea tratado en el recinto antes de fin de año".

La regulación de los aumentos de los alquileres, una estabilidad mínima de tres años y el registro fiscal de los contratos es un paso fundamental para que en la argentina se empiece a alquilar de manera más justa y clara y poder acceder al derecho a la vivienda digna. "Esperamos que nuestros representantes no se siga dilatando un proyecto que afecta a casi 8 millones de argentinas y argentinos", añadieron.