El procurador Casal participó junto al presidente de la Corte Suprema y el fiscal general de Santa Fe de una mesa de coordinación con fiscales federales y provinciales
Las máximas autoridades del MPF, de la Corte y del MPA realizaron intercambios para afianzar la actuación coordinada, con equipos conjuntos de investigación, frente a organizaciones criminales ligadas al narcotráfico y a otros delitos violentos.
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, participó ayer junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rossatti, y el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, Jorge Baclini, de una mesa de coordinación para el abordaje de la narcocriminalidad y los delitos conexos desarrollada en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que contó con la participación de fiscales federales y provinciales.
La presencia de las máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Nación, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del MPA de esa provincia, tuvo en miras potenciar el trabajo conjunto y coordinado entre los distintos actores judiciales.
En efecto, la estrecha vinculación que se advierte en general, y en la ciudad de Rosario, en particular, entre delitos de competencia de la justicia provincial y de la justicia federal, cometidos por organizaciones narcocriminales, llevó a la firma de dos convenios específicos entre ambos ministerios públicos.
El primero en 2016, aprobado por Resolución PGN n° 3364/16, con el objetivo de establecer un marco general de cooperación en materia de narcocriminalidad y delitos vinculados, a la vez que creó la Delegación Regional NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
El segundo, aprobado por Resolución PGN 72/2021, de septiembre pasado, como complementario del anterior, con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas entre ambos ministerio públicos, tendientes a perfeccionar la persecución penal en materia de narcocriminalidad y delitos vinculados, especialmente a través del intercambio de información y la constitución de equipos conjuntos de investigación (ECI).
Una interpretación armónica de los tratados internacionales, de la ley 27.502 y de los citados convenios, impone a los actores involucrados la obligación de intercambiar información y buenas prácticas para mejorar la eficacia del abordaje penal de ese fenómeno delictivo.
En ese sentido, la experiencia de trabajo que desde la Procunar se ha podido recoger a partir de la designación efectuada por el procurador general para la coordinación de las mesas de trabajo previstas por la ley, permitió poner en práctica, desde hace tiempo, aquellos lineamientos.
El eje de la necesidad de establecer una estrecha relación colaborativa radica en que los grupos criminales bajo pesquisa no sólo estructuran su operación en el tráfico de drogas, sino también en extorsiones, lavado de activos, como también en una serie de delitos violentos (homicidios, secuestros extorsivos, amenazas, balaceras), que les permiten mantener y acrecentar su capacidad operativa.
Ese trabajo colaborativo llevó en marzo pasado, a la firma del primer ECI entre ambos ministerios públicos, en un caso de suma trascendencia y que involucró a los fiscales Luis Schiappa Pietra, Matías Edery y Pablo Socca, del MPA de Santa Fe, y la y los fiscales federales Adriana Saccone, Claudio Kishimoto y Santiago Marquevich –titular de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE)–, y la Procunar.
En ese contexto y como resultado del trabajo efectuado en el marco del ECI, el 2 de octubre se llevaron a cabo más de ochenta allanamientos en simultáneo, coordinados por ambos fueros y que derivaron en el secuestro de elementos de relevancia para la pesquisa y en la detención de los imputados, entre ellos, actores con peso en el mundo criminal de la ciudad de Rosario.
Los ECI’s son una herramienta clave en la política criminal a cargo del Ministerio Público, en tanto resultan acuerdos suscriptos entre los distintos fiscales que intervienen, coordinados por la Procunar y la Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos del MPA, en los cuales se asientan los objetivos y demás circunstancias que se estimen necesarias, desde la fuerza de seguridad que estará a cargo de la investigación, hasta el plazo de duración.
Asistieron a la reunión los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario Aníbal Pineda (presidente), Elida Vidal, Guillermo Toledo y Fernando Barbara; los jueces federales de primera instancia de la ciudad de Rosario Carlos Vera Barros y Marcelo Bailaque; el fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones, Fernando Arrigo; los fiscales federales de primera instancia Javier Arzubi Calvo, Claudio Kishimoto y Adriana Saccone; el fiscal ante el TOF 3 de Rosario, Federico Reynares Solari; el Secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel; el fiscal titular de la PROCUNAR, Diego Alejo Iglesias; los auxiliares fiscales de la PROCUNAR Martin Uriona y Matias Scilabra; la fiscal regional Rosario del MPA Maria Eugenia Irribarren; los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del MPA, Luis Schiappa Pietra, Matias Edery y David Carizza; los fiscales de la Unidad de Balaceras del MPA, Valeria Haurigot y Pablo Socca; y los fiscales de la Unidad de Investigación y Juicio, Marisol Fabbro y Viviana Oconell.
