La decisión del Ministerio de Salud de Entre Ríos de restituir la matrícula al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra despertó polémica. El médico había sido condenado en 2019 por negarse a realizar un aborto no punible a una joven que había sido violada.

De esta manera, el profesional –cuya licencia estaba suspendida desde noviembre pasado– podrá volver a atender a sus pacientes.

“Recuerden que en noviembre pasado mediante una resolución arbitraria del Ministerio de Salud de Entre Ríos, me suspendieron la matrícula impidiéndome trabajar en esa provincia. Pues bien, recibí la notificación de que esa resolución quedaba sin efecto. Si bien lamento el tiempo que se tomó el Ministerio en rectificarse y lamento que no haya ninguna explicación satisfactoria del porqué de esta suspensión, esto marca la importancia de estar dentro del derecho. (...) El camino es este, respetando y haciendo respetar el derechos de todos”, dijo el ginecólogo en un video publicado en la redes sociales tras ser notificado de la decisión del gobierno provincial.

Rodríguez Lastra fue condenado en Río Negro, en octubre de 2019, a un año y dos meses de prisión en suspenso y dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, pena confirmada por otro tribunal en marzo del año pasado.

Al médico condenaron por no realizar un aborto no punible a una joven de 19 años que transitaba su quinto mes de embarazo, producto de un abuso sexual que había sufrido por parte de un familiar en 2017 en la localidad rionegrina de Cipolletti.

La adolescente luego dio a luz a un niño que posteriormente fue dado en adopción.

Rodríguez Lastra había comenzado a desempeñarse en el departamento entrerriano de Gualeguaychú, con un consultorio en un instituto privado. Pero la condena de la Justicia no fue el único castigo que recibió, consigna Infobae.

El Ministerio de Salud entrerriano determinó, en noviembre último, que el ginecólogo debía “abstenerse de ejercer la medicina y cerrar su consultorio”, medida que tomó luego de que se hiciera pública una carta que firmaron cerca de 90 organizaciones, funcionarias y distintas asambleas. A través de la resolución 4.649/20, la cartera que lidera la ministra Sonia Velásquez, consideró que mantenerle su matrícula provincial de médico sería una “concreta violación a las normas que rigen la actividad, a la ética y al interés público y social”.

La legisladora Amalia Granata –por entonces candidata a diputada provincial de Unite–, había salido en defensa de Rodríguez Lastra.