En el primer día hábil de 2016, se conocieron una serie de sobreseimientos dictados por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, al filo del comienzo de la feria judicial y antes de tomarse vacaciones. 

En primer lugar, la magistrada sobreseyó a la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, en la causa en que había sido denunciada por Abuelas de Plaza de Mayo por apropiarse de hijos de desaparecidos durante la dictadura.

La jueza entendió que no había ninguna evidencia de que ello fuera así luego de cruzar la información genética de los hijos de Herrera de Noble con datos del banco genético que reune los perfiles de ADN de familiares de desaparecidos.

En la misma resolución, la magistrada rechazó el pedido que había realizado el fiscal Federico Domínguez para indagar a la dueña de Clarín.

Además, Arroyo Salgado dictó el sobreseimiento de todos los procesados en la causa por el hackeo de las cuentas de mail a periodistas, empresarios y funcionarios kirchneristas con un fin lucrativo entre 2006 y 2008.

En la resolución que firmó el 30 de diciembre y que se conoció este lunes, la magistrada dictó el sobreseimiento al ex titular de la Secretaría de Inteligencia durante el menemismo, Juan Bautista Yofre; el ex agente de inteligencia Pablo Carpintero, el general retirado Daniel Reimundes, los periodistas Roberto García, Carlos Pagni y Edgard Mainhar, además del empresario Néstor Ick y el titular del sitio Seprin, Héctor Alderete.

También decidió sobreseer y levantar la orden de captura que pesaba sobre el ex experto informático de la SIDE, el Ejército y la PSA, Iván Velázquez, quien se encuentra autoexiliado en Montevideo.

Esta decisión de la jueza se desprende de un pedido de nulidad presentado por la defensa de Yofre después de que Arroyo Salgado corriera vista a las partes con el pedido para elevar la causa a juicio oral, en febrero de 2015. En ese momento, los abogados de Yofre solicitaron la nulidad de todo lo actuado en el expediente por entender que se había violado la ley de inteligencia

"Advierto que el conocimiento y análisis del profuso caudal probatorio reunido en estas actuaciones no deja lugar a dudas de la existencia, cuanto menos desde agosto de 2006 y hasta junio de 2008, de una empresa criminal que con un fin lucrativo operó dedicada a la procuración, búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información de diversa índole: político, social, militar y económico", había sostenido la misma jueza en 2012 cuando dictó el procesamiento.