La fiscal de la Unidad de Homicidios Culposos, Valeria Piazza Iglesias, a cargo del caso por la explosión ocurrida en Balcarce 23 bis el 23 de marzo pasado, recibió de manos de peritos ingenieros de la UNR el informe final que había solicitado.

El texto concluye que la explosión "se produjo confinada por una mezcla de gas natural y aire, acumulada en espacio técnico existente entre los ámbitos de la cocina y el baño por donde discurren varias cañerías de agua, gas, desagües", según confirmó a Telenoche (El Tres) el Ministerio Púbico de la Acusación (MPA) a través de su oficina de prensa.

La acumulación se produjo a partir de una fuga proveniente de un caño de red interna de gas natural, detalló el periodista Hernán Funes en base al informe oficial.

El incidente terminó con la vida de Alejandro Bogado, un hombre de 60 años oriundo de Rafaela que había llegado a Rosario contratado por la Municipalidad para dar clases de música.

El hombre que estuvo viviendo en el departamento del siniestro durante 48 horas como inquilino –hasta que se produjo la explosión–, murió el 1 de abril luego de permanecer internado con el 70 por ciento del cuerpo quemado.

En la causa no hay personas imputadas, ya que no hay elementos para atribuir responsabilidad ni al inquilino, ni a la administración ni a la firma proveedora del servicio, que fue allanada en las horas posterior al hecho.

En ese sentido, en el MPA remarcaron que "la cocina y el calefón peritados estaban en buen estado, la pérdida era imperceptible sin olor muy difícil de detectar y no hubo denuncias en Litoral Gas en la zona por olor o pérdida de gas".

En su momento, la fiscal Piazza Iglesias reveló que Bogado "estaba durmiendo la siesta y se levantó para hacerse un té y en el momento en que prendió la hornalla sintió fuego en la cara".

En ese sentido, explicó que "no sintió olor a gas antes de la explosión". Ello se desprende del testimonio que le dio a una paramédica que lo asistió en la ambulancia, camino al hospital.

Si bien en el MPA remarcaron que "faltan algunas pericias", aclararon que "lo más concreto por ahora es que fue un caso fortuito".

Tras un informe técnico que advirtió sobre un peligro de derrumbe en el inmueble, el MPA ofició a principios de agosto a la Municipalidad de Rosario para que avance con la demolición.