La molestia del Ministerio de Seguridad con la Justicia, manifestada días atrás por el ministro Maximiliano Pullaro, sumó un nuevo ingrediente: una de las jefas de una banda de secuestradores virtuales, de la comunidad gitana, desbaratada a mediados del año pasado, gozaba de prisión domiciliaria y ayer se la declaró en rebeldía porque no estaba en su casa.
“Seis meses le costó a nuestra Policía de Investigaciones desbaratar esa banda”, lamentó en diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2, el secretario de Seguridad Comunitaria, Angel Ruani.
“Estoy preocupado”, dijo Ruani.
Esa prisión domiciliaria la otorgó hace 30 días el juez Juan Carlos Curto, a pesar de la opinión en contra deñ fiscal Nicolás Foppiani.
Ahora se convirtió de un nuevo caso de un imputado que abusa del beneficio que le da la Justicia.
