El fiscal federal Walter Rodríguez formuló este lunes el pedido de elevación a juicio para el ex jefe de Orden Público de la Unidad Regional I Cristian Hang; el ex jefe de la comisaría 14ª Martín Díaz; el ex sargento Alejandro Agüero; y Juan Carlos Villalba, conocido en la zona como narcotraficante. Los cuatro están vinculados, con distintos grados de responsabilidad, en el secuestro de 1.662 kilos de marihuana de un camión capturado en Arroyo Leyes en noviembre del 2014. "Sospecho que hubo muchísima más droga", comentó el funcionario público al tiempo que aseguró que la investigación no pudo comprobar "la pata narco" por la actuación de los agentes. 

Ese 2 de noviembre de 2014, se secuestró 1.662,35 kilos de marihuana de un camión Fiat Iveco, patente LBR 421, que llevaba un conteiner de grandes dimensiones identificados con el nombre Hamburg Sud. El material recolectado por la Secretaría de Control de las fuerzas de seguridad en la comisaría 14ª y subcomisaría 20ª, el comando radioeléctrico, la central de emergencias 911 determinaron irregularidades en el accionar de los policías que intervinieron en el operativo. 

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2) que conduce Roberto Caferra, Rodríguez manifestó que el "más comprometido de todos es Agüero porque se le atribuye el tráfico de estupefacientes". En tanto, agregó que a los policías Hang y Díaz se los responsabiliza por "incumplimiento de funcionarios públicos, ya que no ingresaron datos al acta de procedimiento y hubo falta de persecusión a los delincuentes".

Consultado sobre si la investigación podría llegar a determinar la conexión entre la policía con una banda narco, el fiscal afirmó: "El comportamiento de los policías determinó en que no se haya podido encontrar datos concretos, más allá de la documentación hallada en el camión. Es decir, la pata narco es lo que la investigación no ha podido comprobar y es por el rol de los funcionarios públicos". 

A su vez, precisó que al ex sargento Agüero se le embargaron "inmuebles y vehículos". "Fue tras un pedido realizado entre la fiscalía y la Unidad de Recupero de Activos de la Procuración General de la Nación a la que un juzgado federal suscribió con una medida cautelar", detalló.