Tras una reunión con la subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Nación, María Fernanda Rodríguez, el referente del barrio rosarino donde se produjo el triple crimen y concejal Pedro Salinas (Ciudad Futura) anunció que el gobierno nacional confirmó el cierre del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de Villa Moreno. Vecinos y trabajadores de la institución comenzaron a congregarse en asambleas con el objetivo de resistir lo que evalúan como “una clara pérdida de derechos para el conjunto de la comunidad barrial y muchas otras zonas de nuestra ciudad”.
La decisión se había anticipado en febrero último y durante los primeros días de marzo llegaron dos telegramas de despido que significaron la desarticulación de ese espacio que forma parte de un programa nacional de contención social y asistencia jurídica.
Este miércoles, una asamblea que reunió a doscientos vecinos decidió participar al gobierno municipal y al provincial de la preocupación colectiva que significa “desconocer la historia de la apertura de esta oficina y quebrantar el acuerdo al que se había arribado con los familiares y compañeros de las víctimas del Triple Crimen de Villa Moreno”, dicen en un comunicado.
Además, los vecinos decidieron hacer una colecta para sustentar los gastos de internet, teléfono, y distintos insumos necesarios para el funcionamiento del CAJ.
“En esos gestos se observa cabalmente la importancia de esta institución, y su vínculo profundo con la comunidad barrial”, afirmaron desde Ciudad Futura.
