El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil consideró "inconstitucional" criminalizar el aborto voluntario durante el primer trimestre de embarazo. El fallo que tuvo lugar el pasado martes tiene validez para un caso sucedido en Río de Janeiro, pero podría sentar precedente.

Con el fallo, el máximo tribunal de Justicia del país vecino también revocó la prisión preventiva contra trabajadores de una clínica de Río que fueron detenidos cuando realizaban un aborto clandestino en 2013.

En Brasil, el aborto es un crimen que puede conllevar de uno a tres años de cárcel, pero está permitido en tres casos: embarazo de un feto con malformaciones cerebrales, cuando la mamá corra riesgo de muerte, y como consecuencia de una violación. El alto tribunal consideró que la criminalización del aborto "viola diversos derechos fundamentales de la mujer". 

Para los jueces, la criminalización es "incompatible con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que no puede ser obligada por el Estado a mantener una gestación no deseada"; va contra su autonomía, ya que debe "conservar el derecho a tomar sus decisiones existenciales"; va contra la "integridad física y psíquica de la gestante" y contra la igualdad.

Con el objetivo de revertir el fallo, la Cámara de Diputados del vecino país creó una comisión especial para discutir leyes más restrictivas contra el aborto, de acuerdo a la información brindada por la agencia EFE. El anuncio lo hizo el presidente de la cámara baja, Rodrigo Maia, después de que varios legisladores vinculados a la Iglesia Católica y a grupos evangélicos se pronunciaran en el plenario contra la decisión de la Corte.

"El Supremo rasgó la Constitución y asumió sin consultarle a nadie una tarea que es de los congresistas, la de legislar. El objetivo de la comisión creada es concretamente revertir esa decisión absurda de la Corte", afirmó el diputado Diego García, representante del Partido Humanista Socialista (PHS) y que fue ponente del nuevo Estatuto de la Familia.

García aseguró que al menos 300 de los 513 miembros de la Cámara de Diputados se oponen abiertamente a la legalización del aborto, por lo que tienen los votos suficientes para sepultar la decisión judicial.