Después de una larga jornada en Tribunales provinciales por la llamada megacausa por la red de estafas y lavado de dinero, la jueza Mónica Lamperti dispuso que el miércoles próximo decidirá si acepta la solicitud del Estado provincial y de un empresario para constituirse como querellantes en la investigación por la que se acusa a empresarios, abogados, contadores, escribanos y sindicalistas de apropiarse de manera ilícita de inmuebles.

A las 9.30 se inició la audiencia en donde la provincia presentó formalmente su intención de integrar la querella. El gobernador Miguel Lifschitz había expresado, tras conocerse la investigación sobre reconocidos empresarios y profesionales de la ciudad, que esos delitos atribuidos a una asociación ilícita "afectan el orden público", y "vulneraron la fe pública al falsificar documentos públicos”. También dijo que se “afectó el orden financiero por el lavado de activos de origen ilícito".

Lamperti no sólo tendrá que resolver esta solicitud. También el empresario Juan Marcelo Ignacio Borghi, que integra la inmobiliaria Gilli, pidió ser querellante. Está considerado por la Fiscalía un comprador "de buena fe" del campo de 124 hectáreas en Villa Amelia que pertenecía a Ana Josefina Luppi, viuda del ex camarista Navarro.

En 2014 la supuesta asociación habría robado el campo mediante el diseño de un poder falso por el cual la mujer entregaba un mandato de venta a un tercero. De acuerdo a lo que precisa el sitio Punto Biz, Luppi “lo vende” a la irrisoria suma de $3 millones a Maximiliano De Gaetano, quien a su vez se la vende a Jaef y Abdala a $3.2 millones.

Ellos, en tanto, se lo venden en $3.5 millones a Oneto, quien les entrega como parte de pago departamentos de Aqualina. Leandro Pérez –siempre según Punto Biz– también recibe un departamento como asesor del negocio. El último comprador, de buena fe, en fecha 2 de septiembre de 2015, en la suma de u$s1.600.000, es Borghi, quien dijo que se dedica a realizar operaciones con terrenos para luego armar loteos.

Borghi, como tiene un conflicto con el campo y el dinero que invirtió, no sólo es víctima sino que hoy se presenta como querellante. De esta manera, al igual que el gobierno provincial, busca acompañar a la investigación a partir de la posibilidad de aportar pruebas y elementos para la causa.