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Despidos en el Centro de Acceso a la Justicia de Villa Moreno

Una administrativa y la trabajadora social del CAJ ubicado en el barrio de zona sur donde se produjo el triple crimen recibieron los telegramas desde la Nación. “Deshacen un trabajo de recomposición del tejido social en la comunidad”, afirmó el concejal y referente del lugar, Pedro Salinas

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Este viernes avanzó un paso más el anunciado cierre del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) ubicado en Villa Moreno. Dos telegramas de despido desarticularon ese espacio que forma parte de un programa nacional de contención social y asistencia jurídica.

El concejal y referente del barrio, Pedro Salinas, afirmó que una de las dos administradoras del lugar y la única trabajadora social fueron despedidas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Recordó que hace un mes había anticipado la política de esa cartera de desmantelar ese espacio y toda la red que existe en el país.

“La decisión del gobierno nacional es cerrar una institución de una gravitación imprescindible para el barrio, deshacer un trabajo de recomposición del tejido social en la comunidad; concretamente: cerrar una institución que no sólo facilitó trámites, sino en la cual -fundamentalmente- se han ganado derechos”, dijo Salinas.

El integrante del Movimiento 26 de Junio, donde militaban Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez -las tres víctimas del triple crimen de Villa Moreno- criticó la clausura de "una institución que se abrió para abordar la ausencia estatal y la crisis de violencia que se extiende en nuestra ciudad, precisamente, a requerimiento de quienes acabábamos de sufrir el asesinato de tres compañeros, amigos, hermanos, a manos de una banda delictiva”.

“Es evidente que para las nuevas autoridades nacionales de nada sirven instituciones como éstas para abordar una corrosiva crisis de violencia, sino lisa y llanamente apelar a dispositivos meramente represivos que ya han demostrado sobradamente su ineficacia”, añadió en un comunicado.

El concejal de Ciudad Futura advirtió hace un mes que el CAJ de Dorrego al 3900 atendió desde su apertura en mayo de 2012 hasta ahora un total de 21.857 consultas, entre trámites administrativos en Ansés, problemáticas sociales, de salud y familiares y asistencia jurídica. “Esto es, básicamente, el neoliberalismo. De eso se trataba centralmente la campaña ciudadana #NoMacriNo. Acá no hay “pesadas herencias” ni “modernización de la gestión”. Acá no hay bandos políticos en pugna. Acá hay una institución que garantizó una respuesta ágil a la comunidad y, además, un acompañamiento humano. Y hay posibilidades de que eso deje de existir”, agregó.

Salinas había llevado el reclamo al Concejo cuando el cierre era una amenaza. Lo que no se explica el referente del barrio es por qué el cierre se hace en etapas. Otros CAJ de la red federal ya fueron cerrados y en el de Villa Moreno se despidieron a dos de los seis empleados. Sin embargo, no hay una definición formal del Ministerio sobre el destino del programa, contó.

Ante esa incertidumbre, reclamó la intervención de la provincia y señaló que la inversión para mantener el lugar abierto sería muy baja. “Es urgente y necesario que el gobierno de la provincia no deje caer una institución como el CAJ de Villa Moreno. Si eso sucediera, sería un nítido testimonio de la perplejidad del Ejecutivo ante uno de los problemas más acuciantes de nuestra ciudad y nuestra provincia”, señaló.

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