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Investigan a policías por cobrar servicios que no prestaban

Nueve agentes habrían cometido el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública. Recibieron remuneraciones por trabajar en el hospital Roque Sáenz Peña pero no habrían cumplido con ninguna tarea

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Nueve policías son investigados por posible defraudación al fisco provincial luego de ser denunciados por cobrar por servicios de seguridad en el Hospital Roque Sáenz Peña, que no habrían realizado. Entre los acusados se encuentran ocho suboficiales de Policía y un comisario.

La situación fue expuesta en marzo, a través de un llamado anónimo al 0800 444 3583 creado por la Secretaría de Control de Seguridad. Acargo del área, Ignacio Del Vecchio, brindó detalles al respecto en diálogo con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra en Radio 2. Según señaló, a raíz de esta comunicación, personal de la División Proyección Comunitaria, se presentó en el lugar, constatando una posible irregularidad.

Reunidos los datos suficientes, la Secretaría de Control dio cuenta al Ministerio Púbico de la Acusación, para que este órgano determine los pasos a seguir. De esta forma, intervino la fiscal adjunta Valeria P. Haurigot, quien ordenó al Jefe de la División Investigaciones Judiciales y Administrativas (Dija) de la Delegación Sur de Asuntos internos, que proceda a notificar y a fichar a los sospechosos.

Los efectivos policiales implicados estaban afectados al orden de servicio de policía excepcional (ospe), popularmente conocido como “horas extras”. “Debían cumplir tareas de seguridad en el predio del Hospital Roque Saenz Peña por lo cual, recibieron la remuneración correspondiente durante meses, pero no habrían hecho efectivo el servicio”, precisó.

Las tareas investigativas realizadas por la Unidad Especial de Asuntos Internos y la documental obrante en el expediente, serían en principio suficientes, “con la endeblez propia de la etapa que se transita” para señalar que el personal policial en cuestión, habría incurrido en la conducta establecida como ilegal por el artículo 174 inciso 5º del Código Penal, “fraude en perjuicio de la administración pública”, ya que este tipo de comportamiento compromete principalmente -a su entender- el patrimonio del Estado.

Por último, Del Vecchio remarcó la importancia de que la sociedad se involucre en el control y que denuncie cualquier situación irregular. “Todas las denuncias que se realizan por la línea anónima son investigadas administrativa y judicialmente”, aseguró.

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Ignacio Del Vecchio (Radio 2)

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