En 2015, 503 personas fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. La cifra se desprende de un informe realizado por el Ministerio Público de la Defensa, a cargo de Gabriel Ganón, quien consideró que gran parte de estos casos corresponde a jóvenes que son detenidos por efectivos policiales. “La Policía detiene a chicos por la gorrita y la piel oscura”, sostuvo y consideró que la institución no cuenta con la confianza y credibilidad de la sociedad santafesina.

Ayer, el Ministerio Público de la Defensa presentó el Informe del Registro de Torturas, Tratos Crueles y Demás Afectaciones Período 2015 -Región Rosario- ante la Comisión de Derechos Humanos del Concejo municipal. En diálogo con Radiópolis (Radio 2), el Defensor Provincial, Gabriel Ganón, confirmó que se registraron 503 víctimas de violaciones a los derechos humanos en 2015, la mayor cantidad de casos ocurrió durante la detención, seguida por la circunstancia de alojamiento transitorio, siendo que las principales agresiones físicas que se dan durante la detención y alojamiento transitorio son golpes y golpizas.

¿Por qué sucede esto?. La pregunta del periodista Roberto Caferra tuvo su respuesta: “Por un cúmulo de causales, como en cualquiera de los otros delitos los crímenes de agentes del Estado son provocados por circunstancias múltiples. Una de las principales causas es el no reconocimiento de la víctima, así es difícil que haya un castigo. Otro factor –analizó–tiene que ver con la impunidad, no hay voluntad de la fiscalía de investigar este tipo de delitos. Todo sigue igual que antes, la impunidad es extraordinaria”, se lamentó.

El informe reveló que de los 503 casos, de ellos el 95% son varones y el 5% mujeres, aunque es importante resaltar que el total de mujeres alcanza los 23 casos. El grupo de edad que presenta mayor porcentaje de víctimas es el de 19 a 23 años y el de 24 a 28 años. Ambos grupos alcanzan el 52% de estos 503 casos. Al respecto, Ganón destacó: “El promedio de 19 años y tiene que ver con una forma de trabajar de la Policía, que la sociedad santafesina ya no le cree. Esta desconfianza deriva de que la Policía para poder descubrir o prevenir delitos tenga que cometer otros”.

“Detienen por gorrita y piel oscura. Los llevan a los chicos para averiguar antedecentes y ya ahí los golpean y las agresiones a veces terminan como con Franco Casco, un chico que no hacía nada pero fue detenido por joven, morocho y por estar parando en un barrio vulnerable. Así terminó, torturado y arrojado al río”, manifestó.

Para Ganón, el cambio de gobierno no significó avance alguno en esta materia. “No vimos cambios, el año pasado se prometió que la médica policial y el referente de la comisaría 7ª (involucrados en el caso Casco) iban a ser separados y no fue así. (El ex ministro de Seguridad, Raúl) Lamberto lo prometió pero todos siguen”.

Finalmente apuntó a la Justicia. “Responsabilizo especialmente a la administración judicial que no cambia como tampoco la Policía, mientras los gobiernos pasan. Hemos tenido un buen diálogo con el Ministerio de Seguridad pero no tenemos comunicación con el Ministerio de Justicia que dijo que iba a cambiar el procedimiento de juicio abreviado y no cambia nada”.

Durante la presentación en el Concejo, desde el Ministerio de Defensa se indicó que “las prácticas de tortura son similares en una comisaría céntrica, como periférica; y ampliando aún más el radio, se puede constatar que las mismas prácticas se repiten de manera sistemática en comisarías de Rosario y ciudades más pequeñas y alejadas lo cual habla claramente de la configuración de una cultura institucional que atraviesa, no sólo la policía, sino todas las fuerzas de seguridad”.

Sobre el informe, la concejala Norma López opinó: "El gobierno provincial debe dar cuenta del elevado número de casos registrados por el Ministerio Público de la Defensa y brindar a los sectores vulnerables las garantías suficientes para impedir estas prácticas y al mismo tiempo erradicar la impunidad con que ciertos sectores de las fuerzas de seguridad se mueven en nuestra ciudad. Es necesario que este gobierno pueda plantear políticas públicas que sean llevadas adelante con responsabilidad y que se le brinden las garantías necesarias a los municipios para que puedan ser parte de esta nueva etapa de acción”.

Estuvieron presentes los concejales Celeste Lepratti (Frente Social y Popular), Pedro Salinas (Ciudad Futura) y Jorge Boasso (UCR), miembros de distintas organizaciones que luchan por la plena vigencia de los Derechos Humanos como ser, Familiares de Desaparecidos y Detenidos de Rosario; Ex Presos Políticos/Amigos Del Bosque; Instituto de Género, Derecho y Desarrollo –INSGENAR-; Biblioteca Vigil; Espacio Juicio y Castigo; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos –APDH-; y el Museo de la Memoria.