El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, solicitó este lunes al ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, buscar alternativas para que el aumento de la electricidad, a raíz de la quita de subsidios por parte del gobierno nacional, se aplique de manera gradual, preocupado por el impacto que pueda tener en los puestos de trabajo en algunos sectores de la economía santafesina. Asimismo, se confirmó por parte de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) la ampliación de la tarifa social, que ofrecerá beneficios para uno de cada tres clientes residenciales.

Acompañado por el ministro de la Producción, Luis Contigiani, la secretaria de Estado de Energía, Verónica Geese, y el presidente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Raúl Stival, Lifschitz planteó al titular de la cartera energética la necesidad de encontrar alguna alternativa de financiamiento para el aumento que genera en los costos de producción la eliminación de los subsidios a la energía, sobre todo en sectores industriales con alto consumo que emplean a gran cantidad de trabajadores.

“Planteamos a Aranguren la necesidad de amortiguar el traslado del incremento de las tarifas eléctricas a los sectores industriales y comerciales, por cómo esto afecta al empleo, en especial a la provincia de Santa Fe”, comentó Geese al término del encuentro en las oficinas del ministerio. “Pedimos que el gobierno nacional, a través de Camesa, nos permita generar un financiamiento que posibilite un desdoblamiento del pago del incremento tarifario, pensando en hacer más progresivo el impacto sobre la industria y el comercio, sobre todo donde hay fuentes de trabajo comprometidas”, agregó.

“Santa Fe tiene un fuerte perfil industrial, intensivo, con mano de obra calificada y agregado de valor que merece ser tenido en cuenta a la hora de suprimir los subsidios porque impactan en los costos de las empresas”, señaló la funcionaria, quien agregó: “Esta situación puede afectar el tejido social y productivo de nuestra provincia, donde tenemos pequeñas y medianas empresas distribuidas en localidades a lo largo y ancho de la provincia. Por eso queremos repartir esfuerzos para evitar despidos y situaciones conflictivas. Debemos contemplar el valor social que representan muchas de estas empresas en nuestra comunidad, y por eso llevamos esta propuesta al gobierno nacional”, dijo.

En este sentido, Geese aseguró que aspira a “recibir una devolución positiva por parte del gobierno nacional, porque la propuesta realizada fue razonable y porque la provincia siempre cumplió con sus compromisos. El ministro entendió el planteo y nos pidió hasta la semana que viene para darnos una respuesta, después de un viaje que tiene con el presidente al exterior”, agregó.

Asimismo, finalizada la reunión, Geese ratificó la extensión de la tarifa social con la incorporación de 133 nuevos beneficiarios, y de esta manera, “uno de cada tres clientes residenciales de la Empresa tendrá beneficios en su próxima factura”.

“Santa Fe ya contaba con 80.000 clientes de la EPE, beneficiarios de la tarifa social provincial, y 126.000 jubilados y pensionados que pagan una tarifa diferencial a los que se agregan, a partir de la aplicación de las nuevas disposiciones tarifarias del Ministerio de Energía de la Nación, 133.000 usuarios santafesinos que reúnen los requisitos para acceder a la tarifa social nacional”, señaló. Asimismo, detalló que “estos últimos, que son los que reúnen los requisitos exigidos por la Nación, tendrán los primeros 150 kilovatios hora subsidiados por el Estado nacional”.

De esta manera, más de 330.000 clientes residenciales de la EPE (es decir uno de cada tres) contará con algún tipo de beneficio en su factura.