El Ente Nacional Regulador del Gas sancionó en 22 oportunidades a Litoral Gas en los últimos cuatro años. La información se desprende de un detalle que el ente presentó como respuesta ante una solicitud de la Justicia provincial, en el marco de la investigación por la tragedia del 6 de agosto en el edificio de Salta 2141.

El ente realizó 985 auditorías entre 2009 y 2012. Ellas apuntan a medir el nivel de cumplimiento de la normativa bajo la cual el ente le entregó la licencia a la distribuidora de gas natural. Entre ellas, hacen hincapié en la calidad del servicio, la seguridad en las instalaciones y en las operaciones sobre las mismas, la cantidad de reclamos de los usuarios y las respuestas, la demora en la atención telefónica y la demora en acusar recibo sobre los asientos en los libros de quejas y vía postal.

Entre las sanciones, que pueden incluir apercibimientos, multas y hasta la caducidad de la concesión, el Enargas ya le aplicó 20 multas económicas a la firma con sede en Mitre y San Lorenzo que distribuye en Santa Fe y en el noreste de Buenos Aires a más de tres millones y medio de habitantes. Las mismas varían entre los 10 mil y los 50 mil pesos. También hubo dos apercibimientos.

Del informe se desprende también que aún hay unos 20 procesos sancionatorios abiertos.  Y para realizar el dictamen final se tienen en cuenta la gravedad y reiteración de la infracción, el grado general de cumplimiento de las obligaciones, las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a los usuarios y a terceros y el grado de afectación al interés público.

Por Salta 2141

Por el caso puntual de la explosión del 6 de agosto en Salta y Oroño, Enargas ya había presentado, a partir de un requerimiento de la Justicia, nueve imputaciones en base al sumario administrativo que le iniciaron a Litoral Gas.

El ente analiza el accionar de la empresa antes y durante la fuga y posterior explosión. Parte del foco está basado en el protocolo para la rehabilitación del servicio tras las interrumpciones previas al 6 de agosto, como así también la demora en el corte del suministro tras la explosión y el incendio que se generó en el ingreso del edificio.

El Enargas también considera irregular la actuación de Litoral Gas en la presentación de documentación luego del estrago. Las nueve imputaciones aún no son finales, sino que pueden ampliarse. La licenciataria ya presentó su descargo al ente regular por esos nueve puntos.

En el caso de las sanciones económicas, en este caso podrían ascender, cada una, a los 500 mil pesos, por lo que la multa final puede trepar a los 4.500.000 pesos.

Nuevas indagatorias

La jueza Patricia Bilotta, que relevó a Javier Beltramone al frente de la investigación, dio lugar al pedido de indagatoria que la fiscal Graciela Argüelles solicitó para Norma de Calvillo, parte de la administración del edificio de Salta 2141.

La mujer es la madre de Mariela Calvillo, que lleva adelante la denominada  Administración Calvillo junto a Carlos Repupilli. Los dos habían sido citados anteriormente pero se habían negado a declarar.

Sin embargo, el abogado Víctor Corvalán pidió que sean citados nuevamente y, junto a Norma de Calvillo, los tres comparecerán en los Tribunales Provinciales entre el 1 y el 4 de noviembre.

En aquél momento, los administradores fueron citados después de recoger testimonios de víctimas y damnificados por el estrago culposo agravado. Algunos aseguraron que los administradores los alertaron de “no avisar” a Litoral Gas ante las irregularidades previas con el gas en el edificio siniestrado.

Por otra parte, Bilotta ordenó a todos los efectores públicos y privados las historias clínicas de los pacientes que fueron atendidos a consecuencia de la explosión. Asimismo, solicitó al Instituto Médico Legal los informes finales de las autopsias de las 22 víctimas fatales.

También trascendió que la magistrada recibirá declaración testimonial a los damnificados y familiares de fallecidos que no habían podido concurrir anteriormente.