Hoy se intenta, una vez más, buscar una solución para las tres mil personas que habitan el terreno ubicado en Cullen y Saavedra, sobre las que pesa una orden de desalojo para el próximo 15 de febrero. La jueza de Circuito Stella Maris Bertune citó a una nueva instancia de diálogo entre funcionarios municipales, provinciales y representantes del Concejo Municipal, con las familias y el dueño del predio.
La concejala del Frente Social y Popular, Celeste Lepratti, confirmó a Radiópolis (Radio 2) que ayer, en el marco de la reunión que mantuvieron los ediles con la intendenta Mónica Fein, expresó su preocupación en relación al futuro de las familias. “La intendenta está enterada de esto, que es un problema político no jurídico, está en gran medida, en sus manos resolverlo”, advirtió.
De acuerdo a lo que publica hoy el diario Rosario12, la audiencia tiene como objetivo plantear un intercambio, tanto para que el municipio reubique a las familias como ante la posibilidad de impulsar la expropiación, sobre lo que se intentó avanzar sin suerte en 2010 en la Legislatura. Los vecinos ofrecen el 20 por ciento de sus ingresos para pagar las tierras.
La Compañía Santafesina de Tierras compró el predio en 1984; mientras que la demanda para desocupación del mismo fue presentada en 1999. En aquel entonces, el juez a cargo del expediente era Hugo Escalante, quien antes de dictar la resolución convocó a las partes en un intento por llegar a un acuerdo, ya que los habitantes del predio proponían pagarlos con sus planes de trabajo y lo que ganaban del cirujeo y otras labores informales. Sin embargo, no se logró una solución y el magistrado dictó sentencia de desalojo hace diez años, pero aún no se cumplió.
En 2009, cuando el gobernador Miguel Lifschitz era intendente de Rosario envió al Concejo Municipal el proyecto para que el terreno fuera declarado de interés público y social, sujeto a expropiación. Así, en 2010 salió la ordenanza 8.697, hubo una multitudinaria reunión entre las partes; y se envió la iniciativa de expropiación a la Legislatura provincial, donde "nunca llegó", según indicó ayer la abogada Analía Carrió, que representa a la mayoría de los vecinos, quienes residen allí hace 30 años. Al parecer, la semana pasada se presentó un nuevo proyecto en Diputados.
En los últimos meses, los dueños del predio volvieron a reclamar a la magistrada el cumplimiento del fallo de 2005. Así, Bertune debió resolver la situación el 10 de noviembre pasado, y puso fecha de desalojo para mediados de febrero; pero antes volvió a citar a las partes, para lograr un acuerdo.
En su decisión, publicada por Rosario/12 en noviembre pasado, la jueza aclaró que este tipo de desalojos contempla una serie de tratados internacionales. En esos términos, apunta a hacer cumplir la sentencia de 2005, pero a la vez tener en cuenta la problemática social.
Carrió dijo ayer a este diario que "si el Estado no se suma con el vulnerable, no habrá solución"; y señaló que "no se trata solo de una expropiación, sino también de un posterior plan de mejoras en la zona", que tiene áreas inundables. Al mismo tiempo, lamentó la fecha del año en la que "las familias vuelven a pasar por un estado de incertidumbre". Y consideró que "la empresa tendría que achicar su expectativa económica".
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