El senador provincial Miguel Lifschitz se refirió este lunes a la decisión de la provincia de Córdoba de recurrir a la Corte Suprema para reclamarle a la Nación una deuda de la Ansés, al igual que lo hizo Santa Fe hace poco más de dos años.

El ex intendente de Rosario aseguró que la medida “demuestra que el planteo de Santa Fe no era descabellado ni tenía que ver con diferencias políticas con el gobierno nacional, sino que expresaba una situación de inequidad que se viene dando con las provincias que han mantenido sus cajas de jubilaciones en el ámbito de su jurisdicción”.

Con respecto al monto que la Nación le debe a Santa Fe, Lifschitz afirmó que “son cifras muy importantes que permitirían reforzar enormemente el programa de obra pública que está llevando adelante la provincia y posibilitaría cumplir con muchas demandas de las localidades en términos de infraestructura de transporte, saneamiento, provisión de agua potable, energía eléctrica, gas natural y otras necesidades”.

También Lifschitz sostuvo que el reclamo por parte de las dos provincias más importantes del interior de la Argentina le da otra dimensión al tema y genera más presión sobre la Corte para que finalmente dictamine “marcando líneas claras y obligando al gobierno nacional a modificar actitudes y decisiones”.

El senador reconoció que no hay otra posibilidad que esperar el fallo de la Justicia que “seguramente va a ser favorable para la provincia de Santa Fe y va a obligar a la Nación a saldar la deuda que ya tiene varios años”.

Demanda cordobesa

El gobernador José Manuel de la Sota recurrirá a la Corte para reclamarle a Nación una deuda de la Ansés que alcanza los 1.040 millones de pesos.

El mandatario cordobés tomó la decisión política de recurrir al Máximo Tribunal con una presentación el mes próximo.

La decisión de Córdoba llega luego de negociar el pasivo con funcionarios nacionales, pero De la Sota ahora asegura que "los tiempos de espera terminaron", apremiado por la desaceleración de la economía y el rojo fiscal.

Santa Fe hizo su presentación ante la Corte en marzo de 2010 con la presencia del entonces gobernador Hermes Binner y referentes del oficialismo y la oposición.