El juez federal Claudio Bonadio procesó este lunes al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa donde se investigan presuntas irregularidades en la asignación de subsidios para gasoil de líneas de colectivos. Además, ordenó trabar un embargo de mil millones de pesos sobre sus bienes. La decisión del magistrado también alcanza al ex secretario de Transporte Alejandro Ramos, a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otras personas.

Según los datos publicados por el Centro de Información Judicial, Bonadio imputó a los investigados el perjuicio a las arcas del Estado Nacional por aproximadamente 609 millones de pesos.

La medida del juez federal también abarca a Roque Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Eduardo Sicaro, interventores de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte.

En su fallo, Bonadio señaló que “durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían".

"Diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados. Este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes. La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014", concluye el texto.