La Cámara de Diputados de Brasil comenzó este viernes la primera sesión del proceso formal de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Es por supuesta violación a ley de responsabilidad fiscal de 2015, una acusación que se arrastra del año pasado pero que ganó fuerza en estos días de grave crisis política en el país vecino.

"Es bueno para todos que este proceso de «impeachment» sea rápido para todo el mundo para que el país tenga otra agenda", dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien en diciembre aceptó la presentación de sus aliados opositores del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) para abrir un proceso de destitución de la mandataria.

A partir de este momento, la presidenta Rousseff debe presentar su defensa en alguna de las próximas nueve sesiones para tratar el juicio político, proceso que fue abierto en 1992 al entonces presidente Fernando Collor de Mello, quien finalmente renunció al cargo.

El líder del gobierno en la Cámara de Diputados, José Guimaraes, del Partido de los Trabajadores (PT), estimó que es probable que la mandataria presente su defensa la próxima semana, de acuerdo con lo informado por Cunha.

Cunha pertenece al Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) del vicepresidente Michel Temer pero desde inicios de 2015 lidera parte de la oposición al gobierno y está procesado por delitos de supuesta corrupción en el escándalo de sobornos de ex directivos de la empresa estatal Petrobras.

El jefe de diputados informó el jueves al gobierno que se había establecido la comisión especial para el juicio político.

En tanto, en San Pablo un campamento de opositores que reclaman la renuncia de Rousseff fue retirado esta mañana con carros hidrantes y gas pimienta, aunque sin detenidos ni heridos, frente a la sede de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp).

En las calles de las principales ciudades brasileñas comenzaron a reunirse poco antes del mediodía militantes del PT y movimientos sociales para manifestar "Contra el Golpe y a Favor de la Democracia" en defensa de la mandataria y del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nombrado jefe de la Casa Civil.

Sin embargo, hasta el mediodía de este viernes una medida cautelar de Río de Janeiro impedía la asunción legal de Lula como ministro con fueros, cargo al que aceptó acceder para rescatar al gobierno de su fragilidad y cuando era investigado por el juez Sergio Moro, del escándalo Petrobras.

El Tribunal Regional Federal 1 de Brasilia eliminó la medida cautelar contra la asunción de Lula hecha por el juez Itagiba Catta Preta, abierto opositor al gobierno, pero aún existe una presentación judicial pendiente en Río de Janeiro.

Si logra convertirse en miembro del Poder Ejecutivo, Lula podrá ser investigado sólo por el Supremo Tribunal Federal (STF), con lo que el juez Moro no podría seguir adelante con su procesamiento.

En un intento por evitar esta circunstancia, el magistrado filtró en la liberación del secreto de sumario una escucha telefónica hecha al líder del PT con la jefa del Estado, lo cual llevó a una conmoción que puso en jaque al gobierno.

Para la presidenta, el caso fue "el inicio de un golpe" a raíz de que escuchar y divulgar a un jefe de Estado está a cargo de las cortes superiores y no de un magistrado de primera instancia.

La mandataria, según la agenda oficial, tenía previsto en la ciudad de Feira de Santana, en el estado de Bahía, noreste del país, encabezar la ceremonia de entrega de unidades habitacionales que forman parte de los planes sociales del gobierno.