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Santa Fe adhirió en “términos generales” al nuevo protocolo contra piquetes

Desde el gobierno advirtieron que la provincia aprobó la iniciativa pero advirtieron que se “trabaja en la aplicación particular” de la norma. Esta tarde, adelantaron, se conocerán los detalles de la implementación local
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La provincia de Santa Fe adhirió al protocolo de acción en protestas callejeras lanzado ayer por el gobierno nacional. La iniciativa, que plantea el uso de la fuerza en caso de que los manifestantes se nieguen a desarmar el piquete o corte de tránsito, será adaptada por el gobierno provincial. Los detalles serán dados a conocer esta tarde, según informaron desde el gobierno de Miguel Lifschitz.

La adhesión de Santa Fe a la norma impulsada por el gobierno de Mauricio Macri es en “términos generales”. En tanto, se trabaja en la “aplicación particular” y los detalles de la misma serán difundidos en la jornada de manera oficial.

Este miércoles fue sancionado en una reunión del Consejo de Seguridad Interior reunido en Bariloche con la presencia de la ministra Patricia Bullrich, un nuevo protocolo de acción ante las protestas sociales. "Queremos cambiar la cultura del corte. No vamos a tolerar la extorsión", expresó la funcionaria nacional.

Entrevistado en el programa Radiópolis (Radio 2), el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Gerardo Milman, confirmó que “el 80 por ciento de las provincias adhirió y Santa Fe estuvo presente, acordó la instalación del protocolo”.

Millman se refirió a las “protestas no programadas” y consideró que “entran en conflicto los derechos a peticionar y los derechos a circular libremente”. Según indicó, a través del protocolo, “se va a invitar a una instancia de negociación para que puedan hacer su petición en otra parte”.

Consultado sobre qué sucederá en caso de que se nieguen los manifestantes a abandonar el piquete, sostuvo: “Una situación de un grupo que impide el derecho de otro es una situación de fuerza, si no hay manera que se retiren se los invita a manifestarse a otra parte sin chocar con los derechos de otros”.

Millman explicó que “el protocolo resuelto por el Ministerio de Seguridad nacional lo hace extensivo a las jurisdicciones federales porque preserva las constituciones provinciales el poder de policía”. Luego, agregó: “Las autoridades medirán la manera y el momento de usar los recursos, conseguir el objetivo de que los que quieren puedan peticionar y los que quieran puedan circular”.

El protocolo

El protocolo aprobado afirma que "manifestar en la vía pública es una de las formas de expresión de derechos amparados constitucionalmente, los que suponen que quienes no participan de una manifestación en la vía pública no vean afectados sus derechos a circular libremente, a trabajar y ejercer toda industria lícita, a comerciar, a educarse y demás derechos también amparados constitucionalmente".

Se indica que la "autoridad competente" de cada fuerza y jurisdicción "tomará contacto con los líderes de la manifestación" para que "se encauce en el marco del presente Protocolo y las leyes vigentes". "Se coordinarán de acuerdo a las características para establecer su recorrido, tiempo de duración y realización, dando aviso a la justicia", agrega el texto.

Enfatiza que las fuerzas federales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires "deben garantizar la libre circulación de personas y bienes" en todas las vías. El Jefe del Operativo de Seguridad "impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, deberán retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación", señala el protocolo.

Si los manifestantes no desalojan el piquete, se les solicitará "que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia", se informará a la Justicia y "se procederá a intervenir y disolver la manifestación".

Las instrucciones se harán con "frases cortas y claras". "El personal de las fuerzas no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes", agrega el documento.

También se dispone que "el uso de la fuerza debe limitarse siempre al mínimo posible, como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública y ante situaciones de legítima defensa". Y adelanta que habrá "protocolos específicos operativos sobre el personal y el uso mínimo y racional de la fuerza y el uso de armas no letales".

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