Patricia Bullrich, destacó en Bariloche que el Ministerio de Seguridad "no va a permitir que la calle sea un caos". Fue al encabezar la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior (CSI) en el que se aprobó el protocolo en manifestaciones públicas. 

"Queremos cambiar la cultura del corte. No vamos a tolerar la extorsión. Si quieren que los escuchemos, los vamos a escuchar”, señaló la funcionaria nacional durante el encuentro al que asistieron autoridades provinciales de las carteras de seguridad de todo el país menos de San Luis, cuyo representante no pudo concurrir por problemas personales. 

La reunión se desarrolló en el hotel Cacique Inacayal, donde la ministra se mostró acompañada por el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco.

“El gobierno de Mauricio Macri no quiere que, durante los próximos cuatro años, las calles sigan siendo un lugar diario y permanente de problemas”, aseveró la funcionaria según se indicó en el comunicado emitido por la cartera que encabeza. 

En la apertura de la jornada, la ministra hizo hincapié además en la lucha contra el narcotráfico y remarcó: "No será tarea sencilla, pero con organización y compromiso lo vamos a lograr”.

La funcionara nacional también explicó que desde su cartera se trabaja en una agenda de seguridad ciudadana “con ideas en común entre todas las provincias, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los lugares, aumentando la coordinación entre fuerzas nacionales y provinciales, con transformación de la Policía Federal que mejorará la Argentina”. 

Bullrich afirmó que con el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas se busca “establecer un nuevo paradigma, que genere cierto orden en la sociedad”.

Desde el ministerio de Seguridad informaron que el el protocolo fue aprobado por el el 80 por ciento de las provincias y, si bien no detallaron cuales fueron las que no dieron su aprobación, informaron a Télam que "que no hubo provincias que no lo apoyaran sino que algunas pidieron tiempo para estudiar la propuesta".

El protocolo

El protocolo aprobado afirma que "manifestar en la vía pública es una de las formas de expresión de derechos amparados constitucionalmente, los que suponen que quienes no participan de una manifestación en la vía pública no vean afectados sus derechos a circular libremente, a trabajar y ejercer toda industria lícita, a comerciar, a educarse y demás derechos también amparados constitucionalmente".

Se indica que la "autoridad competente" de cada fuerza y jurisdicción "tomará contacto con los líderes de la manifestación" para que "se encauce en el marco del presente Protocolo y las leyes vigentes". "Se coordinarán de acuerdo a las características para establecer su recorrido, tiempo de duración y realización, dando aviso a la justicia", agrega el texto.

Enfatiza que las fuerzas federales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires "deben garantizar la libre circulación de personas y bienes" en todas las vías. El Jefe del Operativo de Seguridad "impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, deberán retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación", señala el protocolo.

Si los manifestantes no desalojan el piquete, se les solicitará "que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia", se informará a la Justicia y "se procederá a intervenir y disolver la manifestación".

Las instrucciones se harán con "frases cortas y claras". "El personal de las fuerzas no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes", agrega el documento.

También se dispone que "el uso de la fuerza debe limitarse siempre al mínimo posible, como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública y ante situaciones de legítima defensa". Y adelanta que habrá "protocolos específicos operativos sobre el personal y el uso mínimo y racional de la fuerza y el uso de armas no letales".