El secretario de Gobierno municipal, Gustavo Leone, consideró que hubo un avance en la audiencia que ayer mantuvieron en Tribunales los representantes legales de los 3 mil vecinos que hace 30 años viven en un terreno de 12 hectáreas en Cullen y Sorrento con la Compañía Santafesina de Tierras, propietaria del predio. “Se avanzó porque la empresa dueña aceptó discutir precios del suelo y formas de pagarlo”, indicó en diálogo con Radiópolis (Radio 2).
De acuerdo a lo que confirmó, este lunes representantes legales de los ocupantes presentaron ante la jueza Stella Maris Bertune y funcionarios provinciales y municipales la posibilidad de crear un fideicomiso popular. Leone explicó que los vecinos se comprometen a pagar los lotes al tiempo que le solicitan al Estado que urbanice y brinde los servicios básicos en la zona.
“La figura del fidecomiso no es novedosa, hay dos antecedentes”, recordó el secretario. De acuerdo a lo que expuso, el Estado intermedia también entre las partes para el pago de las cuotas. Además, sostuvo: “Entre los estados provincial y municipal se hacen las obras de urbanización con infraestructira adecuada para esos vecinos”.
El fondo sería administrado por el Banco Municipal de Rosario y auditado por el Plan Abre, organizaciones sociales, y la Compañía Santafesina de Tierras.
Y confió que de prosperar el acuerdo, se procederá a hacer un relevamiento de las familias, se abrirán las calles y se hará llegar los servicios básicos, como por ejemplo, el alumbrado y la red de agua. “Son inversiones importantes”, remarcó y deslizó: “Unos 100 mil pesos es el valor de la tierra y la infraestructura que es un 50 por ciento del total”.
En tanto, el desalojo previsto para mediados de abril quedó suspendido y el 15 de marzo próximo, los habitantes del terreno se juntarán con funcionarios y los titulares de la firma para “pulir” la propuesta, esta vez sin la jueza, y para el 15 de abril habrá una nueva audiencia para ver si se ha logrado un acuerdo, según detalló hoy el diario El Ciudadano.
Según contó a este diario Analía Abreu, una de las abogadas de las familias, están abiertos todos los caminos para lograr un acuerdo a través de la concreción de un fideicomiso.
“Hemos visto buena predisposición por parte de la empresa para sentarse a dialogar y también de parte de los funcionarios del Estado. Hay ítems a discutir que tendrán que ver con el costo de la tierra. La Justicia hizo una tasación que ronda los 18 millones de pesos. El último censo del lugar se hizo en 2005 y dio que había unas 450 familias viviendo allí, nosotros estimamos que ahora debe haber unas tres mil personas”, indicó la abogada.
“Si esto fracasa, esperamos que no, ya tenemos preparado un pedido que sería presentado en la Legislatura provincial para que la tierra sea expropiada, pero esperamos llegar a un acuerdo y que el Estado nos siga acompañando”, siguió la profesional.
