La Justicia porteña ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, "de modo inmediato", arbitre las medidas necesarias para "suspender cualquier actividad" que desarrolle la empresa Uber o cualquier sociedad bajo ese nombre y tipo de actividad.
En tanto, desde Rosario, los taxistas locales volvieron a manifestarse en contra del arribo de esa aplicación. "Son empresas piratas mafiosas que ingresan sin permiso y violan todos los derechos constitucionales", afirmó a El Tres Francisco Baéz, representante de los conductores de taxis.
"Son delincuentes por eso en Europa los están echando, inclusive en Alemania los están sacando a bolsazos", añadió sobre la empresa que plantea un "sistema de competencia desleal". Ver video desde el minuto 3:
En Capital, el juez Víctor Trionfetti hizo lugar a un amparo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis -que conduce Omar Viviani- junto con las autoridades de la Cámara Empresaria del Autotaxi, de la Asociación Civil de Taxistas de Capital, de la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro, y de la Unión de Propietarios de Autos Taxis, y dispuso que la suspensión se extenderá hasta tanto se dicte sentencia definitiva a esa medida.
Entre las medidas dispuestas para sumar información a la causa, Trionfetti requirió a la Agencia Gubernamental de Control (AGC) que informe si Uber ha presentado algún pedido de habilitación para el servicio de transporte público de pasajeros, informó el sitio de noticias judiciales.
También solicitó información de registro de la empresa a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Secretaría de Transporte porteña para que informe si la empresa estadounidense realizó alguna presentación para actuar en el rubro de transporte de pasajeros y, en su caso, remita las correspondientes actuaciones o copia certificada de éstas, informó Télam.
“Grave lesión en el derecho a trabajar”
El titular del juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Víctor Trionfetti, resolvió a modo de medida cautelar, “ordenar al GCBA que de modo inmediato arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa Uber B.V. o Uber Technologies Inc. o cualquier sociedad bajo ese nombre, razón social y tipo de actividad descripta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.
En el amparo que motivó la sentencia se demanda al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del gobierno porteño “por su omisión manifiestamente ilegítima y arbitraria de ejercer regularmente su poder de policía y evitar la prestación de un servicio irregular de transporte a través del funcionamiento de la empresa UBER, quien pretende eximirse de las obligaciones previstas en el Código de Tránsito y Transporte”.
Los amparistas argumentaron la “grave lesión en el derecho a trabajar” y a “la igualdad de las cargas públicas” de todos los trabajadores que integran el sindicato de Peones de Taxis, como así también de los propietarios de las licencias de taxi afiliados a las Cámaras Empresarias.
Según consideraron, se “coloca arbitraria e ilegítimamente a los conductores asociados a la empresa Uber y a la empresa misma en mejores condiciones que el resto de los trabajadores”.
