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Un avance para que puedan alquilar los que menos tienen

Diputados aprobaron un proyecto que crea un fondo público para quienes poseen bajos ingresos y no cuentan con garantías contempladas en los contratos

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Un proyecto para crear un fondo público que asista a los inquilinos sin recursos obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados santafesina. La iniciativa pertenece a la legisladora Verónica Benas (Pares) y, concretamente, dispone la constitución del Fondo de Garantía Pública para alquiler de viviendas.

A través de un comunicado de prensa, Benas informó que su proyecto de ley avanza hacia el Senado tras lograr luz verde entre sus pares. La idea es contar con un fondo que esté destinado a las familias de bajos ingresos que deben alquilar su vivienda pero no alcanzan los requisitos del mercado inmobiliario.

Según explicó, establece que la Secretaría de Estado de Hábitat será el órgano de aplicación. Para su implementación, el organismo emitirá a pedido del inquilino un Certificado de Garantía que tendrá la capacidad de cubrir, únicamente, el valor de hasta dos meses el alquiler pactado por las partes en caso de incumplimiento, y el monto de la indemnización por resolución anticipada del contrato cuando el locatario no la haya abonado.

También se establece que el locador tendrá la facultad de aceptar o rechazar el Certificado de Garantía ofrecido por el locatario; y en caso de ser aceptado, el Certificado será anexado al contrato de alquiler.

La norma establece, además, que el Fondo de Garantía estará al servicio de personas o familias que aspiren a alquilar una vivienda y se encuentren en situación de vulnerabilidad social. El inmueble tendrá como destino vivienda común asentada en territorio provincial. El valor del alquiler pactado, no debe ser superior al 70% del importe equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente a la fecha de la firma del contrato de locación.

También se deja establecido que el locatario deberá reintegrar los fondos públicos que se destinen para afrontar las situaciones de incumplimiento contractual o rescisión anticipada de los contratos, fijando una sanción expresa para el inquilino beneficiario que no reintegre al Fondo de Garantía los conceptos cubiertos por éste. Quien no reintegre al Fondo de Garantía los conceptos cubiertos, estará impedido de volver a solicitar una garantía similar por el término de 6 años.

Además, el organismo de aplicación podrá habilitar una instancia de conciliación voluntaria, a solicitud de ambas partes, con el propósito de buscar alternativas de solución extrajudicial a los conflictos derivados por falta de pago en los contratos de alquiler.

Tras la aprobación en la cámara baja santafesina, la diputada Verónica Benas agradeció a sus pares el apoyo brindado, y destacó que el proyecto “impulsa una intervención del Estado necesaria para resolver situaciones puntuales que afectan a miles de familias”.

“Estamos saliendo en auxilio de los inquilinos que se encuentran en una situación desventajosa en el mercado inmobiliario y padeciendo prácticas abusivas a partir de la necesidad de alquilar por carecer de una vivienda propia", concluyó la diputada.  

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