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Violó la detención domiciliaria y se la volvieron a otorgar

Según un relevamiento policial, uno de los empresarios procesados por ordenar atentados contra el mundo farmacéutico, no estaba cuando fueron a controlarlo; la fiscal solicitó revocar el beneficio. La jueza avaló las pruebas de la defensa y el imputado volvió a su casa
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Uno de los dos empresarios farmacéuticos que está procesado y con detención domiciliaria por ser el ideólogo de una cadena de ataques contra competidores y funcionarios violó el beneficio de la prisión domiciliaria, de acuerdo a un relevamiento policial. La fiscalía pidió revocar la morigeración, pero no fue suficiente y ya está otra vez en su casa.

Es Juan Pablo I., de 39 años, considerado -junto a su padre- por la Justicia, como autor intelectual del intento de matar en su estudio frente a Tribunales al abogado Alberto Tortajada, de la balacera contra las casas del dueño de la cadena Farmavip y de la jefa de Inspecciones del rubro del municipio, y las amenazas físicas o escritas contra un farmacéutico y el gerente del laboratorio Roemmers. Todo sucedió entre 2012 y 2013.

La jueza Alejandra Rodenas los procesó por los hechos a fines de 2014 con un embargo de dos millones de pesos a cada uno. Los actos fueron cometidos, entre otras cosas, para amedrentar a posibles competidores ya instalados o que quisieran abrir comercios céntricos cercados a los suyos, que estaban ubicados en Sarmiento al 800, San Luis al 1000 y San Juan al 1700.

El imputado estuvo en una clínica psiquiátrica con el aval de una junta médica. Posteriormente, siguió el proceso en detención domiciliaria, al igual que su padre, que probó un delicado problema de salud. Días atrás, la fiscal Nora Marull solicitó controles sobre el cumplimiento del hijo: dos lo detectaron en el domicilio declarado, pero el último no.

Funcionarios policiales que forman parte de una brigada de Tribunales sacaron fotos de la casa con todas las persianas bajas y entrevistaron a un hombre que señaló haberlo visto salir en un auto de alta gama, aunque prefirió no dar su nombre. Por eso, la fiscal le solicitó a la jueza que le revoque el beneficio.

El artículo 34 de la Ley 24.660 sostiene que "el juez de ejecución o juez competente revocará la detención domiciliaria cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado o cuando los resultados de la supervisión efectuada así lo aconsejaren".

El hombre fue detenido de inmediato por disposición de la magistrada y estuvo 48 horas en sede policial hasta que ayer, cuando el abogado Jorge Bedouret presentó a dos testigos y un informe de la EPE que respaldaba que un corte de luz le impidió escuchar el timbre y la presencia de los empleados policiales. Rodenas avaló la versión de la defensa y le restituyó el arresto domiciliario.

Una megacausa que se tramita en el sistema conclusional
La compleja investigación que unió la seguidilla de ataques a balazos a personas y propiedades, agresiones físicas y amenazas hasta llegar a los autores materiales e intelectuales es una de las que prestigiaron en el último tiempo al Ministerio Público del “viejo” sistema penal de Rosario. Se inició en la Fiscalía NN.

Su titular, Marcelo Vienna, presentó en julio de 2013 ante la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas un informe en el cual individualizaba a los autores de cada uno de los hechos, desencadenados desde 2012. Como los implicados tenían por objetivo captar clientes del Pami, solicitó “profundizar” los alcances dentro del organismo y citar a declaración testimonial a los responsables de Farmalink –intermediaria- y del propio Pami Rosario. 

Los allanamientos para detener a los implicados –uno se entregó- se produjeron un año y un mes después del escrito, elaborado a partir de una pesquisa de la Brigada Operacional Delegación Tribunales que lidera la comisario Jorgelina Llopart. Fueron en agosto de 2014, tras una publicación periodística. Sobre la “pista Pami” que presentó la fiscalía no hubo más novedades.

Antes del cierre del 2014, la magistrada procesó al inversor y a su hijo e inclusive les imputó más hechos. Allí también quedaron sin responsabilidad sobre el homicidio del policía Carlos Dolce, que se produjo cuando uno de los enviados a amenazar a un médico en una clínica de 3 de Febrero al 1000 –hecho por el que está preso- cubrió su huida a balazos y terminó con la vida del agente. La fiscal apeló y ahora debe resolver la Cámara.
 

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