-Mariano Galíndez (MG): Hola David! Arranco por un tema que cruza política y economía: el conflicto en el API entre la Oficina de Apremios y el titular del organismo, Martín Ávalos, por los cobros de honorarios desde que el funcionario empezó a patrocinar todos los juicios de ejecución fiscal junto con los abogados de esa oficina. Y después de un año y medio de negociaciones tensas, esta semana los 10 abogados de la regional Rosario de API lo denunciaron penalmente a Ávalos acusándolo de quedarse con el 50% por ciento de los honorarios que cobran de los apremios.
-David Narciso (DN): Sí, la denuncia penal sostiene que las normativas son claras en cuanto a que el salario de los abogados de apremios –que son planta permanente– se compone una parte por un sueldo mensual y otra por los honorarios que reciben, que están regulados por la Legislatura. 5% en tiempos normales y 3% en la moratoria vigente.
-MG: ¿Hacía falta llegar a esta instancia judicial?
-DN: Es la parte que los que no estamos adentro no entendemos. El tema viene desde principios de 2020 cuando Martín Ávalos fue designado administrador de API. En el medio hubo decenas de reuniones, peleas, vuelta a las reuniones y hasta pedido de informes de la Legislatura. La denuncia menciona amenazas, amedrentamiento y hasta extorsión. Todos términos muy fuertes. Y lo firmaron todos los abogados de la regional Rosario. De hecho antes de la denuncia penal ingresó una denuncia por violencia laboral en la Defensoría del Pueblo.
-MG: Y ahí es cuando API sacó la resolución 37 que da cobertura legal y administrativa a la orden de que el administrador general patrocina todos los juicios ejecutivos y se queda con el 50% de los honorarios. Pero, en la práctica, esa orden se dio allá por enero de 2020. ¿Si está todo en orden por qué no lo hicieron antes?
-DN: Me hago la misma pregunta. ¿Vos leíste la denuncia?
-MG: Sí. Enumera una larga secuencia de situaciones feas a lo largo de este año y medio.
-DN: Claro, fíjate que la denuncia no es una pavada, sostiene que hubo abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y concusión, que me dicen que en el Código Penal es la figura de exacción ilegal.
-MG: Y hasta aparece implicado el fiscal de Estado. Según dice la denuncia en un momento se dio la orden de que además de la firma de Ávalos todos los apremios que se presentan también deben llevar la firma de Ricardo Weder. Los denunciantes dicen que el API es un organismo autárquico y que no se entiende la intervención del Fiscal de Estado.
-DN: Tal cual. Ávalos es un hombre de confianza del ministro de Economía Walter Agosto y si lo sostuvieron es porque tiene su aval. Intenté aclarar todas esas dudas con el propio Ávalos pero no respondió al teléfono ni a mensajes de Whatsapp.
-MG: Y mirá que hay argumentos de sobra para tomar la decisión que tomaron.
-DN: ¿Vos tuviste más suerte con tus fuentes? ¿Qué te explicaron desde Ministerio de Economía?
-MG: A última hora de anoche hablé con muy altas fuentes y aseguran que en diciembre de 2019 encontraron que el cobro de deudas tributarias adeudadas estaba sumamente deteriorado existiendo una inmensa masa de deuda determinada y firme sin gestionar y con alto riesgo de prescripción. Y que fue con el objetivo de evitar perjuicios a las arcas públicas que se diseño el nuevo sistema de supervisación y seguimiento de causas judiciales. Y como se incorporó al interventor en esas gestiones y cobros, fue que se sumó la participación del Fiscal de Estado como una suerte de doble control. Pero el tema principal del cambio no es que al dividir por uno más, cobran menos honorarios, sino la generación de una “cuenta única” que recibe los honorarios. Eso cambia todo.
-DN: ¿Por qué?
-MG: El cobro de honorarios pasa ahora por esa cuenta única y deja de tener que ser depositado por el contribuyente de manera directa en la cuenta de cada ejecutor. Y llamé a directivos de Colegios de Profesionales en Ciencias Económicas y a abogados tributaristas que, en estricto off, me dijeron que eso es un golazo de media cancha.
-DN: A ver...
-MG: Todos tiene algún caso en el que el honorario que les pidió el ejecutor resultó ser mayor que el tabulado y hasta hay casos de que primero les pedían depositarles los honorarios para iniciarles los planes de pago. Y como todo ese dinero va a la cuenta del profesional no hay control ya que pueden informar lo que quieren. Según lo que me dicen estas irregularidades vienen desde tiempos inmemoriales. Como que sería una práctica institucionalizada en algunos ejecutores. Incluso, hubo anteriores gobiernos de intentar lo de la caja única.
-DN: Si les pidieron de más tienen que denunciarlos, los honorarios están regulados por ley.
-MG: Ocurre que muchas de las empresas que llegan a esas instancias tienen algún punto débil, mucho margen para quejarse no tienen. Ahora al tener que ir todo a una cuenta única oficial eso no podrá pasar. Y por eso festejan abogados y contadores.
-DN: Pará, pará, pará… diría Fantino. Esa disposición es de hace unos 20 días. Justamente los abogados denuncian que se hizo en represalia porque el día anterior radicaron la denuncia por violencia laboral en la Defensoría del Pueblo, primer paso antes de la denuncia penal. Algo así como “me denunciaste…, te quito el manejo de tus honorarios”. ¿Si la finalidad era controlar por qué no le hicieron desde primer momento, en enero de 2020? ¿Se empezó por asegurar que los funcionarios cobren y cuando la cosa no tiene retorno implementan el control? En fin, La guerra está declarada y se llegó a un punto desde donde es difícil de retroceder para las dos partes.
-MG: Me queda la sensación de que el gobierno pateó un hormiguero, o mejor dicho una caja de las históricas que hay en la API y por eso le salta toda la burocracia. Pero como la jugada, óptima en lo conceptual, hace mucho ruido en lo referente a la ética pública del funcionario ya que el propio interventor se pone cobrar suculentos honorarios como un abogado más (si el titular no sería abogado no podría hacerlo) no aparecen muchos funcionarios de la Casa Gris queriendo salir a poner la cara por el tema.
-DN: ¿Si realmente el objetivo es mayor control, que siempre es bueno, por qué inmolan esa mayor calidad institucional al hacer que dos funcionarios de alto rango cobren por todos los apremios de la provincia? No sé qué pero algo me hace ruido.
-MG: Veremos cómo sigue, el conflicto promete nuevos capítulos.
-DN: Haber llegado a este punto pone las cosas en un lugar difícil de retroceder para los dos, para los abogados y para el gobierno. Fijate que los denunciantes proveen los números de cuentas bancarias y CBU de los dos funcionarios para que la Justicia pida los extractos bancarios y verifique los cobros. Muy delicado el punto al que llegó todo esto.
-MG: Cambiemos de tema. Me llamó la atención que apenas asumió Aníbal Fernández el Ministerio de Seguridad nacional puso como una de sus prioridades a Santa Fe, y dijo que iba a hablar con Perotti y… ¡con Sain! ¿No le avisaron que no es más el ministro?
-DN: jaja, sos malo…
-MG: No!, en serio, me imagino lo incómodo que debe ser para el ministro Lagna.
-DN: No sólo para Lagna, que es el ministro de Seguridad de la provincia y nadie lo tiene en cuenta. También implica un ninguneo al fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, que es la máxima autoridad de la institución en la que trabaja Sain. ¿Se entiende? Según la ley el que fija las estrategias de persecución penal en Santa Fe es el fiscal general, no el Organismo de Investigaciones que es un auxiliar de los fiscales.
-MG: Sí se entiende. Pero eso es lo formal. En la práctica lo que se observa es que después del gobernador, el interlocutor de Nación en materia de seguridad e investigación es Sain.
-DN: Así parece. Aníbal lo convocó, y el gobernador no dijo nada. Por lo tanto se entiende que Sain está empoderado, como un ministro fantasma. Oficia como figura superestructural que tiene una pata en la Justicia, pero a la vez articula la llegada y disposición de fuerzas federales, acuerda el diseño de la coordinación Nación-provincia, que son tareas propias del Poder Ejecutivo.
-MG: ¿Es una situación anormal no?
-DN: Y sí, en términos políticos-institucionales no hay dudas. A la vez demuestra que el plan de seguridad provincial empieza y termina en Sain, que además tiene abierto un proceso de remoción en la Legislatura que está en trámite.
-MG: ¿Cómo lo ves a Aníbal Fernández? ¿Va cambiar algo para Santa Fe?
-DN: El hecho de arrancar sin cuidar las formas, ninguneando al ministro y al jefe de todos los fiscales de la provincia, por más que Sain sea amigo de Fernández, merece que abramos un signo de interrogación. Esperemos que esto no contribuya a que se acentúen los múltiples conflictos institucionales y entre poderes que hay en la provincia. Eso por un lado, por el otro digamos que entró muy activo y que muestra cintura política, cosa que contrasta con la gestión de Sabina Frederic. Aníbal hace política, produce gestos para los santafesinos, recibe a Perotti y Sain, dice que va a ser un montón de cosas.
-MG: En definitiva, toma la iniciativa…
-DN Toma la iniciativa y genera expectativa de que algo va a pasar. No sé qué, probablemente poco, pero algo… Juega y hace jugar a Perotti y al intendente Javkin, dándoles la posibilidad de salir del lugar al que los empujó Frederic, que era el del reclamo público ante la falta de respuestas de Nación.
-MG: Bueno, ya que mencionás el tema de las respuestas de Nación, rapidito, te cuento en lo que estuve. Me puse a leer planillas y planillas del presupuesto 2022 del gobierno nacional
-DN: ¿Sos “team Guzman”? Todos dicen que ese Presupuesto ya nació muerto porque el ministro está en la cuerda floja.
-MG: (je) Y mirá que leer un presupuesto ya de por sí tiene mucho de dibujo. Pero a lo que voy es lo siguiente: la inversión pública nacional en infraestructura presupuestada para 2022 deja a Santa Fe en el puesto número 20, de un total de 24 jurisdicciones. En plata, de los $1.437.000 millones que el gobierno nacional estima ejecutar de gastos de capital durante 2022, apenas $39.000 millones se invertirán en la provincia de Santa Fe. Sería un 2,7%.
-DN: Mientras que la provincia aporta un 10% o más del PBI nacional
-MG: Y escuchá esto. Si sacas las partidas por el Belgrano Cargas, que son casi 10 mil millones, el presupuesto en obras para la provincia es de casi 30 millones contra los $1.437.000 millones que Nación pondrá en infraestructura en el país. Un desprecio total.
-DN: Son cifras muy bajas. ¿Será a propósito como para tener margen para subir cuando arranque la negociación en el Congreso para conseguir el voto de diputados y senadores de la provincia?
-MG: Es una posibilidad, pero en cualquier caso arrancamos la discusión desde el subsuelo.
-DN: Si estas en el Presupuesto 2022 no busques nada sobre el pago de la deuda de coparticipación reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque no figura.
-MG: Viste que siempre se piden políticas de Estado, que haya medidas estructurales que no cambien de gobierno a gobierno. Bueno, acá tenes una: la discriminación a Santa Fe. Lo hicieron Néstor, Cristina, Mauricio y Alberto, por nombrarte los presidentes de los últimos 20 años. Esperemos que ahora los candidatos a diputados y senadores naciones hablen más de estos temas en vez de discutir eslóganes.
-DN: Te leo mañana
-MG: Yo también. Abrazo!
