Días atrás, una charla en la redacción de Rosario3.com sobre la última –por entonces– cadena nacional de Cristina Kirchner despertó en la periodista Sabrina Ferrarese un interrogante colectivo: “¿Qué vamos a extrañar de la presidenta cuando ya no esté?”.
El acertijo se resolvió para la encargada de madrugar a diario con la página a través de la nota de opinión “Mi vida sin Cristina“.
Pero la duda quedó planteada en el resto de nosotrxs.
Casi como un cálculo contable, armé una lista con el debe, el haber y con aquello que está en proceso de construcción (porque este mandato termina el 10 de diciembre).
Los puntos de intersección con la nota antes citada son tan amplios como la cantidad de caracteres que suma la misma.
Pero no puedo dejar de pensar en las expectativas que la llegada al Ejecutivo de Cristina me generó sobre un punto: la posibilidad de reconocer como un derecho la libre decisión de las mujeres sobre el cuerpo, nuestro cuerpo.
Para ponerlo en claro, me refiero a que la interrupción del embarazo sea un acto soberano y no punible. Para ello, para garantizar la despenalización del aborto había que discutirlo en campo de lo público.
Y no es que lo esperaba sólo porque Cristina es mujer: el anhelo confiaba en la ampliación de ciudadanía que había comenzado con Néstor Kirchner y que la primera presidenta argentina auguraba consolidar y extender.
Propuestas hay. En casi ocho años de mandato, diez cumplió la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, iniciativa que presentó cinco veces un proyecto de ley en tal sentido.
Mientras el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) espera por la chance de ser debatido (con quórum y más allá de las Comisiones legislativas), Socorristas en Red acompañaron el último año, “de manera integral, respetuosa, desprejuiciada y en sororidad”, los abortos de 1650 mujeres que decidieron hacerlo con misoprostol.
En Rosario, el colectivo feminista acompañó a 137 mujeres en sus decisiones, tanto de interrumpir como de avanzar en la gestación.
Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, afirmó que “en el país hay 500.000 abortos por año y es la principal causa de muerte materna”.
Estas muertes también son femicidios. El vacío legal en torno a la autonomía plena (sí, otra vez) de nuestro cuerpo lo sostiene como territorio de poder y sujeción, no de paridad. Avanzar por esta senda implica pensar que no toda gestante es “madre” –como lo establece el Código Penal–, que la maternidad es una expectativa social y no un mandato natural, y que , por tanto, puede ser “no deseada”.
Pero también pensar al aborto como una problemática ligada a la salud pública –“es la principal causa de muerte materna”– y que la soberanía individual sobre el cuerpo es un derecho humano.
El aborto no punible está contemplado por la Justicia argentina en los casos en los que la salud de la madre está en riesgo “y este peligro no puede ser evitado por otros medios”, y si la gestación es producto de una violación, esta última “opción” fue ampliada a partir del fallo “F., A.L.” de la Corte Suprema, en 2012.
Solo basta con ir más allá de la sección política y deportes para conocer las historias de mujeres que siguieron adelante con su embarazo porque la posibilidad de interrumpirlo no les fue informada o, en caso de decidir interrumpir la gestación, encontraron una y otra traba.
A tres años del fallo del Máximo Tribunal, sólo ocho jurisdicciones (23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional) –entre las que se encuentra la provincia de Santa Fe– cuentan con un protocolo hospitalario que se corresponde con lo dispuesto por la Corte, según un informe de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Con todo lo expresado antes, las mujeres –las que votamos y tenemos “cupo”– vimos cómo la posibilidad de gritar "mi vientre es mío" se mancó por quinta vez en último noviembre: no hubo “dictamen favorable” de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.
Insisto en el esfuerzo que esta gestión hizo en materia de ampliación de derechos y progresismo. Las leyes de Identidad de Género y Matrimonio Igualitario, que han sido arrebatadas al patriarcado, son sólo dos ejemplos de otros tantos, como las asignaciones familiares y Universal por hijo.
Y si bien la sanción de una norma no depende del Ejecutivo, la iniciativa política sí está en su órbita.
Cuesta entender por qué mientras se empodera a mujeres que lucharon por nuestros derechos en pasado próximo, el reclamo actual por el “derecho a decidir” no corre la misma suerte y, dos días después de la marcha #Niunamenos, sigue rigiéndose por una lógica patriarcal y “desgenerada”.
