Muchas veces la tarea periodística se parece al ejercicio de una traducción. Más que escuchar y observar las palabras públicas de los funcionarios, un mero metalenguaje que muchas veces contradice el otro mensaje, los periodistas ponemos la atención en el lenguaje verdadero. El de la acción .

Finalmente quedó configurado el nuevo organigrama de las autoridades de la policía provincial, una fuerza que con igual interés y diferentes ansiedades observan ciudadanos como funcionarios de los tres poderes del Estado. Luis Bruschi se convirtió este lunes en el Jefe de la Policía Provincial. En un acto llevado a cabo en el Instituto de Seguridad Pública de Recreo, Maximiliano Pullaro, ministro de Seguridad de la Provincia, colocó en funciones al comisario general Bruschi como nuevo titular de la Policía, en tanto que José Luis Amaya continuará en el cargo de subjefe. A la sazón, el nuevo jefe de la Policía de Investigaciones (PDI) es a partir de este lunes Daniel Corbellini. La jefatura anterior de Corbellini fue Inteligencia Criminal, puesto que ocupa desde ahora el comisario Javier Leiva.

Pudo haber sido cualquiera de siguiente lista. El año pasado fueron reconocidos por llegar a la máxima jerarquía (comisario general) los comisarios mayores Hugo Rodríguez, Daniel Alcaraz, Héctor Romang, José Luis Amaya y Rafael Grau; y también Roberto Gambande, Walter Miranda, Rubén Gabriel, Hernán Brest, Hugo Miñoz, Sergio Sanczuk, Jorge Granados, Luis Rodas y Luis Bruschi. Antes de Bruschi, la otra evaluación era poner a un comisario mayor, como Daniel Corbellini o Marcelo Villanúa. Corbellini fue ascendido hace sólo días a comisario general y quedó como Director de la PDI. Villanúa es jefe de la UR2 (Rosario).

En un órgano vertical como el gobierno provincial pretende empoderar (la Policía), son frecuentes los movimientos de piezas. No lo entienden así los legisladores provinciales, a quienes la gente vota para que cogobiernen sin ser una escribanía del poder Ejecutivo. Son un órgano de contralor.

En esta ocasión en la que debían pronunciarse a favor o en contra del currículum de Bruschi, todo se diluyó en consignas impracticables como pedir que el Ministro de Seguridad también sea ungido por la Comisión Bicameral de diputados y senadores santafesinos. Tal la declaración del senador Lisandro Enrico. Lógico: muchos adivinaron la intención de la jugada del gobernador Miguel Lifschitz al pedir el aval para el nombramiento de Bruschi. Si algo no saliera bien más adelante, un aval de los legisladores les impediría salir a criticar abiertamente al gobernador. Les impediría hacer política con un problema estructural.

Si bien el cuerpo no tiene facultades vinculantes no es un hecho menor. Lo que sucede es que al no avalarlo (la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura santafesina rechazó tratar el pliego de Bruschi), también eludieron el compromiso político con la gente que los votó. No se puede no opinar de un tema crucial como el rumbo, desde el más alto rango de la tropa, de la política de Seguridad que los ciudadanos pedimos a gritos.

Lo cual nos lleva al punto anterior en la línea de tiempo. El jefe era Rafael Grau. El comisario mayor había reemplazado a Omar Odriozola. Fue designado a fines de septiembre de 2015, durante la transición entre Antonio Bonfatti y el propio Lifschitz. Es decir, estaba avalado por el eterno y desgastadísimo Raúl Lamberto. La nueva gestión pretendió desde el comienzo una impronta de compromiso y acción rápida. Con los recursos que haya. Mientras se introducen cambios. Lógico, la movida era más uniformes en la calle y progresiva desaparición de comisarías, porque no cumplen con el mismo rol que hacen 20 o 30 años, como le dijo el ministro Pullaro al colega Germán De Los Santos, en La Nación.

“Todo el mundo afuera”. Ésa es la premisa para marcar que la intención es que hubiera más uniformados en la calle. Aún aquellos que cumplen funciones administrativas en las comisarías. Una encumbrada fuente revela que, hacia adentro, el pedido a Bruschi había sido el de sacar hacer patrullar al personal. “En decenas de comisarías de la provincia los que cumplen con estas tareas llegan a ser hasta 40. Los queríamos en la calle y ésa orden se dió desde el inicio. Pero hubo reparos. Nada ilegal. El ex jefe dio una respuesta afirmativa, pero no en los tiempos que necesitamos. “La decisión de pasar, burocráticamente, al personal de las unidades regionales a la órbita de la Jefatura provincial, vertical pero operativamente sin el alcance directo del Ministerio de Seguridad se leyó como un mensaje protector hacia los uniformados y un gesto conservador.

También la decisión de no plotear 300 camionetas “de civil” en toda la provincia que tenían que estar identificadas, demoró demasiado. El envío, en total, de alrededor de 3000 uniformados del papel administrativo a la acción de prevención, también. No llegó. Y el fusible que saltó fue Grau. 

La pregunta a responder, para el traductor de este oficio, es ver cuántos movimientos quedan en el tablero para que el jugador que se sacrifique, ese fusible, ocupe un lugar más arriba en la escala de mando.