Un policía de la Agencia de Investigación Criminal –ya pasado a disponibilidad– fue imputado por haber comercializado en el mercado negro al menos una pistola que robó en un allanamiento hecho el 31 de julio 2020. En la audiencia de este miércoles también fueron acusados otro uniformado, un mecánico y su hijo, quienes participaron –según las conversaciones extraídas de sus teléfonos– en varias maniobras para la compra y venta de municiones y armas.
Víctor Alejandro Maldonado, de 45 años, fue acusado por el fiscal José Luis Caterina de la Agencia de Criminalidad Organizada por haber sustraído una pistola marca Star calibre 6.35mm durante un operativo que se hizo en un domicilio de Viamonte al 1600 por pedido de la fiscal Viviana O’Connel. Quedó en prisión preventiva efectiva por un año, según la resolución del juez Florentino Malaponte.
Maldonado, al momento de ese hecho, se desempeñaba dentro de la Brigada de la Brigada Operativa de la Agencia de Investigación Criminal. Según la imputación, ese mismo 31 de julio enseguida entabló diálogos a través de su teléfono para ofrecer la pistola y el 1° de agosto la entregó para la venta.
“Se le atribuye, con habitualidad, haber provisto de armas de fuego a personas no identificadas hasta el momento, dedicándose de modo asiduo a obtener y adquirir para luego ofrecer y vender armas de fuego, conforme se ha podido acreditar en diversas oportunidades y circunstancias”, afirmó el fiscal Caterina, quien trabajó en la causa con la Agencia de Control Policial.
El agente Maldonado quería vender la pistola robada a 20 mil pesos, según se desprende de conversaciones que mantuvo con un contacto de su teléfono apodado “Oreja”. “Mirá, al mejor postor”, le dijo al adjuntar una foto del arma.
“Si me dan 20, la largo. Si no me la dejo para mí porque ya le di unas monedas a mi compañero para dejármela”, le comentó Maldonado a su contacto dejando en evidencia que tuvo un cómplice.
En ese sentido, el fiscal exhibió otro mensaje de Maldonado, donde le preguntó a un contacto agendado como “Chancha”: “¿A quién le podemos meter el juguetito 22? En 15 lo largo”.
Del teléfono del acusado sobresalen una gran cantidad de mensajes incriminatorios, en los que pide precios de municiones de distintos calibres y ofrece también. Su contacto agendado como “Oreja” a su vez constantemente le muestra armas y balas para comercializar.
El fiscal también acusó a Giuliano Alejandro Maldonado, el hijo del policía pasado a disponibilidad, de haber actuado en complicidad de su padre “en la provisión ilegal de armas de fuego, al menos entre agosto y noviembre de 2020”. “Usted consulta sobre stock de armas de fuego para vender, indicando qué personas le preguntan a usted por las mismas. También le envía mensajes a su padre donde le ofrece armas de diferentes calibres de terceras personas, mientras su padre le requiere a usted que consiga municiones”, le achacó.
Giuliano Maldonado, de 22 años, quedó en libertad bajo el pago de una fianza de 50 mil pesos.
Otro de los imputados fue José Luis Rolón, un mecánico de 50 años que Caterina consideró que actuaba en complicidad de Víctor Maldonado y que aparentemente está “dedicado de modo asiduo a obtener y adquirir para luego ofrecer y vender armas de fuego”.
Rolón es, a criterio de la investigación, ese contacto “Chancha” que tanto se mensajeaba con Maldonado. Quedó en prisión domiciliaria por un año a raíz de un certificado de salud por una enfermedad cardíaca.
El último de los acusados fue Siro Omar Landriel (41 años), otro policía de la Agencia de Investigación Criminal, al que se le atribuyó haber actuado en connivencia con Maldonado para el robo del arma en el allanamiento del 31 de julio de 2020. Básicamente, por haber recibido “una chispa” –coima– a cambio de no decir nada del hecho.
“¿Qué vas a hacer con la pistola? ¿La vendés o te la quedás?? Así nos tiras una chispa después”, le dijo Landriel a Maldonado vía mensaje escrito por Whatsapp.
Pero además, a Landriel lo imputaron también por haber robado en ese allanamiento de Viamonte al 1600. Concretamente, por haber sacado un cable HDMI de una cartera que luego ofreció a su compañero Víctor Maldonado por 500 pesos.
Landriel quedó en libertad, pero sujeto a reglas de conducta por un año, más el pago de una caución económica de 150 mil pesos.
