El juez federal Aurelio Cuello Murúa, de Venado Tuerto, procesó y dejó detenidos a los dos empresarios treintañeros que cayeron el 12 de agosto en allanamientos en sus departamentos de Puerto Norte que hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) bajo sospecha de enviar cocaína desde Rosario a Rufino en Remises.
Cuello Murúa hizo lugar al pedido del fiscal Javier Arzubi Calvo, que encabezó la investigación, y avanza con el proceso con los involucrados en un establecimiento carcelario, permanecían alojados en el penal que tiene la PSA en el Aeropuerto de Fisherton pero fueron trasladados a la Unidad Rosario del Servicio Penitenciario provincial.
Los delitos por los que afrontan el proceso son los de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, por los hechos 2020 del sur de Santa Fe, y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización por lo secuestrado en los allanamientos en Rosario.
Es que ante la irrupción en Cándido Carballo al 164, al 580 y Junín al 191, en el Alto Buró, los efectivos de la PSA secuestraron más de 250 gramos de cocaína, 60 pastillas de éxtasis, troqueles de LSD, marihuana, 150 mil pesos, dólares, cheques, tres vehículos y una bicicleta eléctrica. También una máquina para contar billetes.
Sobre esa cantidad de droga encontrada en los departamentos y tras la indagatoria en la que no declararon, el abogado defensor de ambos, Lucas Wojtasik, planteó que era para consumo personal. "No discutimos la tenencia, discutimos el fin", le dijo a Telenoche (El Tres) antes de formalizar el pedido de excarcelación, rechazado por Cuello Murúa.
Con los empresarios rosarinos, en la investigación ya fueron procesadas 16 personas, entre ellas un policía del Comando de Rufino, tres agentes de la Policía Vial y un remisero, cuyo teléfono llevó a Puerto Norte.
De Venado Tuerto
El avance de la Justicia Federal de Venado Tuerto sobre los proveedores de droga que vivían en departamentos de Puerto Norte coincide con el alcance de las propias de la Fiscalía de Rosario, como las surgidas en la Agencia de Criminalidad Organizada o la Unidad de Balaceras, desde las cuales allanaron esa zona por lavado o hasta venta ilegal de dólares, delito por el que fue condenado días antrás un joven.
Lo mismo sucedió con la ruta del dinero narco que llevó a fiscales provinciales a Corrientes y Córdoba y al lujoso country La Riconada.
Lo llamativo es que ninguna de esas investigaciones que cruzan el narcotráfico con el lavado de dinero en las zonas más prósperas se originó en la Justicia Federal penal de Rosario, que es la que tiene su ámbito de actuación. Sin embargo, una vez originadas, es un planteo recurrente de los defensores particulares que la discusión sea en Bv. Oroño al 900.
